La medida de presión tiene lugar luego que el Ejecutivo revisara el texto original devuelto por la Asamblea Nacional (parlamento) tras consultas ciudadanas y con modificaciones solo en cuatro puntos, que los colectivos consideran simples y denuncian como una maniobra para dilatar el asunto e imponer el pacto.
Los reclamos hacia el Contralor Gerardo Solís son similares a loas de las acciones anteriores en las que las agrupaciones sociales y ambientalistas repudian este convenio, declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Voceros de la Alianza como Marcos Andrade, Saúl Méndez y Jorge Guzmán, precisaron a Prensa Latina que antes entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que explican las razones del amplio rechazo al contrato con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals(FQM), lesivo a la soberanía.
También impusieron querellas penales contra el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, y la magistrada María Eugenia López, titular de la CSJ, por omisión de funciones; y similar recurso a los directivos de FQM, autores materiales de los delitos denunciados.
Las organizaciones llaman la atención sobre las esencias de un contrato de concesión que permite el robo indefinido de los recursos naturales y severos daños al medio ambiente, la salud humana y las comunidades aledañas a la mayor mina de cobre de Centroamérica como Donoso y Omar Torrijos ( Colón) y La Pintada ( Coclé), según la misiva.
De prosperar ese texto y pasar a un segundo debate por los diputados, los colectivos anunciaron además el cierre total de varias localidades en el país para acompañar una nueva marcha y multitudinaria manifestación en las inmediaciones del Legislativo.
Por su parte, Méndez indicó que ante el camino de la confrontación por el que apuesta el Ejecutivo, las organizaciones sabrán derrotar el leonino contrato minero en las calles.
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