“No somos ni cobardes ni traidores”, afirmó el mandatario al recibir el texto de manos del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y del líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Lucio Quispe.
“Con la humildad que nos caracteriza aquí (cabildo) estamos y seguiremos en la lucha, esto empieza a reconstruirse, todo nuestro proceso de cambio, viene todo un trabajo y estamos dispuestos a apoyar y seguir contribuyendo”, sostuvo el jefe de Estado.
Invitado por el denominado Pacto de Unidad que conforman las organizaciones sociales y la COB, Arce y el vicepresidente, David Choquehuanca, llegaron poco después del mediodía a la Ceja del Alto, donde se congregaron más de un millón de bolivianos procedentes de todos los departamentos, según los organizadores.
Junto a Choquehuanca, el dignatario se mantuvo en la parte baja de la presidencia, desde donde escuchó todos los discursos coincidentes en el apoyo a la gestión de su Gobierno con su política de industrialización con sustitución de importaciones.
Denominador común de esas intervenciones fue el llamado a la unidad de todas las fuerzas populares en defensa del Proceso de Cambio y la Revolución Democrática Cultural.
Esa voluntad fue ratificada de manera reiterada con la consigna de “¡Lucho no estás solo!”, coreada por miles de voces en respaldo al mandatario que llegó al poder con el voto de más del 55 por ciento del electorado en 2020 y rescató la democracia.
Los mandatos aprobados por la multitud declaran en estado de emergencia a nivel nacional a todas las organizaciones sindicales y sociales en defensa del Gobierno y para organizar la resistencia ante actos antidemocráticos desestabilizadores.
Al propio tiempo, proponen consolidar a las organizaciones sindicales y sociales de Bolivia como la dirección conjunta del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.
De igual forma, sugieren la conformación de una comisión política transitoria constituida por las organizaciones sociales y sindicales para elaborar una tesis política que defina en consenso el horizonte político del país, incluida una agenda gubernamental del Vivir Bien Hacia el Bicentenario (2025) y un programa Post Bicentenario.
Reclama, además, a todas las autoridades competentes para que se haga justicia con el pueblo boliviano y se reparen los daños ocasionados a las familias “que han ofrendado sus vidas en defensa de la democracia, la justicia, igualdad y la unidad del pueblo boliviano”.
Dirigido a los legisladores de las diferentes fuerzas políticas va el reclamo de “cumplir con su mandato constitucional aprobando las leyes que beneficien a la población y exigir su respaldo a las políticas públicas sin obstaculizar la gestión de nuestro Gobierno elegido democráticamente (…)”.
En relación con el Órgano Ejecutivo nacional, se demandó “conformar un gabinete social con participación activa de las organizaciones sindicales, sociales del pueblo boliviano en la gestión pública de nuestro Gobierno, para avanzar en la profundización de nuestro Proceso de Cambio”.
Adicionalmente, el texto indica evaluar y ajustar el gabinete ministerial, los viceministerios y otras dependencias estatales con autoridades con convicción y compromiso político, respetuosas de las conquistas históricas del movimiento popular.
Sobre ellas se reclama que no saboteen al Gobierno ni roben al pueblo, además de poner en marcha una profunda acción descolonizadora y despatriarcalizadora de la gestión pública.
El texto incluye acciones contra la corrupción, la burocracia, a favor de la gestión pública plurinacional y comunitaria, la Madre Tierra, la salud pública, la educación y el modelo de industrialización con sustitución de importaciones.
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