En declaraciones periodísticas, el letrado dijo que, tras la reciente sentencia de tres años y medio de cárcel por colusión, Cerrón le comentó que fue condenado por razones políticas y que una eventual decisión de entregarse podría poner en peligro su integridad y su vida y las de su familia.
Preguntado sobre la posible amenaza a su cliente, respondió que Cerrón, secretario general del Partido Perú Libre, no le dio detalles y solo le manifestó preocupación por lo que le puede ocurrir a él o a su familia si se entregara, temor que consideró comprensible.
El defensor dijo también que apelará contra el fallo que lo condena por colusión en el contrato de construcción de un aeropuerto en la región centroandina de Junín, de la que era gobernador, sin que él negociara el convenio ni lo aprobara, pues lo hizo el Consejo Regional.
Añadió que el fallo imputa a Cerrón que causó daño económico al gobierno regional por firmar el contrato, porque este establece que el gobierno debía pagar 0,5 por ciento por adelantado, pero este pago no se hizo ni podía hacerse efectivo porque, al cancelarse el trato, fue imposible que la empresa contratista lo cobre.
Mayhua añadió que pedirá la revisión del fallo ante una corte de apelaciones y planteó que esta pueda suspender la ejecución de la pena y que se aplique solo si la última instancia, la Corte Suprema, condena a Cerrón.
Cuestionó también que el tribunal que condenó a su cliente dispuso injustificadamente que la pena de tres años y seis meses sea efectiva y no se cumpla en libertad condicional, como es usual, pues los jueces pueden aplicar cárcel si hay reincidencia u otro agravante, lo que no ocurre en el caso.
Cerrón y su partido sostienen que el dirigente es objeto de una condena arbitraria e injusta que constituye un caso de uso de la justicia con fines políticos.
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