El diputado titular de ese equipo, Roberto Ábrego, del gobernante Partido Revolucionario Democrático, señaló que el nuevo texto incluye recomendaciones sugeridas por la comisión y Ejecutivo las tomó como buenas.
Agregó que ahora lo que le corresponde a los legisladores votar a favor o en contra del contrato con las modificaciones.
«Otros simplemente no quieren minería a cielo abierto y se le podrán hacer todos los cambios y se opondrán, remarcó.
La víspera, colectivos de trabajadores y ambientalistas rodearon la Asamblea Nacional para rechazar el pacto entre el Ejecutivo y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM) y amenazaron con intensificar sus acciones si ese texto es aprobado por los diputados.
Para el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, el contrato es lesivo a la soberanía y atenta contra la salud de la población, así como trae daños irreversibles a la naturaleza.
«Derrotaremos el contrato en la calles y a los gobernantes corruptos que intentan imponerlo al pais», indicó.
Los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unid por la Vida también exigen una moratoria a la actividad extractiva y una consulta ciudadana vinculante en la que los panameños decidan con su voto en las urnas si quieren tener un país minero o no.
La administración de Laurentino Cortizo y la empresa Minera Panamá alcanzaron en marzo pasado un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica con ingresos mínimos anuales al Estado de 375 millones de dólares, según datos oficiales.
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