La disposición fue anunciada por el primer ministro, Alberto Otárola, y plantea considerar robo agravado el de teléfonos u otros equipos terminales móviles, informáticos o similares, con una pena de 12 a 20 años de cárcel.
La reforma añade que si el delito fuera cometido con uso de armas, explosivos o medios de transporte, la condena será de 20 a 30 años y el Gobierno considera necesario el endurecimiento porque a diario se registran más de cinco mil robos de teléfonos móviles.
No son pocos los casos en los que la víctima es asesinada por resistirse al despojo de su móvil.
Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en los nueve primeros meses de 2023 se registraron un millón 286 mil 435 denuncias de robo de teléfonos celulares, o sea 123 mil 937 por mes y cuatro mil 764 por día.
Son casi 200 robos de teléfonos móviles cada hora y hay que anotar que muchas víctimas no reportan el despojo.
Juristas y otros vinculados al tema cuestionan la efectividad e inutilidad de la medida y el abogado Luis Lama agrega que es una decisión inapropiada, poco práctica y hasta demagógica para un problema que no se resuelve con el código penal.
El abogado Mario Amoretti declaró que las autoridades deben clausurar conocidos mercados en los que se vende los móviles robados, para que los ladrones no tengan a quien vender.
Para el alcalde del municipio de Surco, Carlos Bruce, es un hecho que el aumento de las penas de cárcel nunca ha logrado la reducción de los delitos y aunque se decrete la pena de muerte, los robos van a seguir mientras el riesgo de ir preso sea muy bajo.
Son muchos los juristas que opinan que 30 años de cárcel por robar con violencia un celular es, además, un castigo desproporcionado, que el código penal reerva para delitos de suma gravedad, como asesinato, sicariato, lavado de activos, crimen organizado o corrupción.
El exdirector de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha calculó que con la reforma anunciada, en un año puede haber cuatro mil 600 condenados a prisión, lo que agravaría el problema del hacinamiento en las cárceles.
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