El director de la coordinadora que agrupa a más de 70 entidades de derechos humanos, Miguel Jugo, calificó como un golpe contra la democracia el acuerdo de la comisión de Justicia del Congreso que recomienda al pleno congresal destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia JNJ.
El sorpresivo acuerdo contradijo un informe previo que determinó que los siete integrantes de la junta no habían incurrido en ninguna falta grave como sostenía su acusadora, la congresista de derecha extrema Patricia Chirinos.
La decisión, añadió Jugo, carece de argumentos técnicos y jurídicos y evidencia una voluntad golpista contra un organismo autónomo, por lo que el pleno congresal no debe aprobarlo
En similar sentido se pronunciaron los parlamentarios de izquierda Sigrid Bazán y Roberto Sánchez y la centrista Flor Pablo, así como las exlegisladoras Indira Huilca y Gloria Montenegro.
Se trata, dijo Montenegro, de una maniobra política carente de justificación, que se suma al control del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otras instancias judiciales por un Parlamento deslegitimado que puede traerse abajo lo poco que queda de democracia en Perú, según advirtió.
Huilca señaló que el acuerdo rechazado se impuso solo pòr la fuerza de los votos, sin fundamentación legal y con el fin de capturar la JNJ en función de quienes, entre ellos parlamentarios, son investigados o denunciados por corrupción y buscan impunidad.
Para Flor Pablo, otro objetivo del descabezamiento de la JNJ, que nombra autoridades de organismos electorales, es controlar estos para manipular las próximas elecciones y ganarlas.
Por su parte, el jurista Carlos Rivera, abogado de la parte civil en el juicio en el que el exgobernante Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad, incidió en las ilegalidades cometidas por la la comisión de Justicia, violando inclusive normas y procedimientos congresales.
Explicó a Prensa Latina que las comisiones parlamentarias debaten y votan informes pero en este caso, horas después de aprobarse el que exculpaba a la JNJ, lo reemplazaron por uno contrario sin precisar el texto y “con cargo a redacción”.
Además, usaron un procedimiento inexistente, al realizar un “proceso sumario”, actuando contra la legalidad y la constitución y en forma autocrática y absolutamente fuera de lo normal, añadió.
Consideró que tal conducta tendrá impacto negativo, porque los legisladores incurrieron en “bastardización” de los procedimientos alegando la facultad para investigar, lo que no significa que pueden violar la legalidad y afectar el equilibrio de poderes.
Rivera agregó que la Junta no podrá recurrir al Tribunal Constitucional (considerado afín a la mayoría parlamentaria) si el Parlamento aprueba el informe, pues esta corte ha dictaminado que las decisiones del Parlamento son incuestionables, y solo le quedaría apelar a instancias judiciales internacionales a las que el Estado peruano está adscrito.
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