Según explicó el profesor Fernando Ábrego, uno de los voceros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que lidera esas protestas, también este jueves los colectivos marcharán hacia la Asamblea Nacional (Parlamento) que acaba de aprobar en primer debate ese texto, lesivo a la soberanía.
La víspera, en las inmediaciones del Legislativo se registraron enfrentamientos violentos entre un protestantes y los agentes antimotines, que cercaron el inmueble.
Para las agrupaciones populares y ambientalistas, el Ejecutivo se distancia e incumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2017 declaró inconstitucional el contrato con la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM), la cual continúa extrayendo cobre en la localidad de Donoso (Colón), pero ocasiona severos daños a la naturaleza.
Líderes de la Alianza como Marco Andrade, Saúl Méndez y Jorge Guzmán, precisaron a Prensa Latina que antes entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que explican las razones del amplio rechazo al convenio con FQM.
En ese texto se señala que el pacto nace con un pecado original, expuesto en el fallo de la CSJ hace cinco años por realizar contratación directa a una empresa extranjera sin el debido proceso de licitación, lo que ahora reiteran y quien imponer al pueblo.
Asimismo, fustiga la maniobra del Ejecutivo al introducir modificaciones al documento, luego de un proceso de consulta ciudadana que realizaron diputados bajo la presión del pueblo en las calles y luego se vieron obligados a devolverlo, violando sus propias normas cuando debería rechazarlo o aprobarlo.
Las enmiendas en apenas cuatro punto, según la Alianza, son simples y no cambian la esencia de un contrato de concesión que permite el robo de los recursos naturales y severos daños al medio ambiente, la salud humana y las comunidades aledañas a la mayor mina de cobre de Centroamérica.
Por su parte, Méndez adelantó que ante el camino de la confrontación por el que apuestan los gobernantes y diputados, las organizaciones sabrán derrotar el contrato minero en las calles.
La Asamblea Nacional retomó la víspera el primer debate sobre el proyecto de ley modificado con Minera Panamá, texto que llegó a aprobar para que este pase a una segunda fase de discusión en el pleno.
Tras horas de retraso, los diputados comenzaron el primero de los tres debates obligatorios para aprobar o rechazar ese contrato ley con la particularidad de que no pueden hacer modificaciones, después de que el Ejecutivo cambiara algunos puntos.
Entre las modificaciones esenciales hechas por el Gobierno, con las sugerencias del Parlamento, está la eliminación de las cláusulas de expropiación de tierras y la condición que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo.
Para la ambientalista Raisa Banfield, el maquillaje que le hicieron al contrato no fue un arreglo de fondo, sino que quitaron palabras controversiales para dejar la misma estructura, el mismo espíritu.
Por su parte, Méndez, instó al pueblo a estar consciente de lo que está ocurriendo y salir a las calles.
«El momento ha llegado, no hay más tiempo para que se maniobre», remarcó el también secretario general del Sindicato Único Nacional al de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares ( Suntracs).
En julio de 2022, una situación similar vivió Panamá con huelgas de comunidades y organizaciones sociales, así como bloqueos de carreteras contra el alto costo del combustible, los alimentos y los medicamentos, entre otros rubros, medidas de presión que obligaron al Gobierno a establecer una mesa única de dialogo nacional para contener la crisis.
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