El documento del Grupo de Expertos reconoció que si bien los agentes de policía son regularmente atacados por grupos armados que les roban sus armas, algunos oficiales también las venden.
A su juicio, esto explica que cuando se incautan estos artefactos, son confiscados algunos que pertenecen a miembros de la institución.
Además, señaló que incluso aquellas unidades policiales que no utilizan habitualmente armas de fuego reciben municiones lo que lleva a algunos agentes a vender el excedente y la falta de un marco regulatorio, procedimientos operativos estándar o recursos, provoca que los materiales incautados se utilicen indebidamente.
Los expertos indicaron que es difícil determinar el número de armas de fuego en circulación, no obstante, organismos de investigación estiman que serían de unas 291 mil a unas 600 mil, mientras que cada año se expiden o renuevan unos pocos miles de licencias por lo que la gran mayoría se poseen de forma ilegal.
Además, señalaron que en los últimos tres años las pandillas aumentaron su poder de fuego en los departamentos Oeste, donde se sitúa la capital, así como Artibonite, considerado en mayor granero del país, al tiempo que centran sus estrategias en la adquisición de fusiles automáticos.
A eso se suma que la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en el país se fabrican o compran originalmente en Estados Unidos y llegan al país caribeño directamente desde esa nación o vía República Dominicana.
Los rifles semiautomáticos de 5,56 milímetros, con un valor de cientos de dólares en Estados Unidos, se venden habitualmente entre cinco mil y ocho mil dólares en Haití, mientras que un rifle de nueve milímetros es cotizado entre mil 500 y tres mil y sus municiones entre tres y cinco dólares por cartucho.
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