En una visita a la norteña ciudad de Chiclayo, la mandataria dijo que dejará el gobierno ese año “con la frente en alto” y hasta entonces seguirá trabajando en obras de salud, transporte y vivienda por su país.
“Seguiremos avanzando en esa responsabilidad y el 2026, cuando tengamos que dejar el Gobierno, diremos ‘misión cumplida’ y nos vamos con la frente en alto porque hemos trabajado por el Perú y para el Perú”, dijo.
Obvió referencias a una nueva encuesta de la empresa privada Ipsos que esta semana confirmó que la jefa de Estado tiene un desaprobación de 80 por ciento, aunque en anteriores oportunidades ha restado importancia a los sondeos.
Restó importancia también a un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, difundido hoy aquí, según el cual, su gobierno afectó esos derechos durante las protestas iniciadas en diciembre de 2022 contra su ascenso al cargo, tras la detención y destitución del hasta entonces presidente Pedro Castillo.
“Las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”, indica el informe.
Consigna que en las protestas hubo 50 muertos y 821 heridos , entre el 7 de diciembre de 022 y el 31 de marzo de 2022, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.
La mandataria acotó que el informe también reconoce que esos hechos son investigados y que el Gobierno ha asistido a las víctimas y dijo que el Gobierno acata las recomendaciones de la ONU y solo tiene discrepancias en tres puntos, uno de ellos el señalamiento del uso de armas letales.
Boluarte insistió en sostener que aquellos sucesos causados por un sector minoritario (los manifestantes) y contra una mayoría que, según afirma, quiere vivir en paz.
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