Dos de las víctimas eran agentes del servicio de Serenazgo, cuerpo de vigilancia que secunda la labor de la Policía, del municipio de San Juan de Lurigancho, y fueron emboscados de madrugada cuando circulaban en motocicletas.
Las muertes elevaron a 14 el número de homicidios cometidos desde que el 20 de septiembre entró en vigor el estado de emergencia en esa jurisdicción y en el distrito de San Martín de Porres, así como en todos los municipios de la norteña provincia de Sullana.
A esos puntos se sumaron este mes los municipios limeños de Lince y el Cercado (zona central), después que en el primero se registró una guerra por el control de la prostitución de mujeres migrantes que incluyó atentados con granadas de origen militar, lo que es materia de investigación.
«El balance del estado de emergencia es negativo, porque las expectativas que generó no se condicen con los resultados reales», pues resulta una medida carente de una estrategia de lucha contra la criminalidad, opinó el experto en seguridad Luis Herrero.
Para la cadena de radio y TV Exitosa, los hechos demuestran que en los barrios bajo estado de emergencia, «la ola delincuencial no se ha detenido, lo cual causa preocupación en la ciudadanía», pues ni siquiera las autoridades municipales están a salvo.
El teniente gobernador -autoridad municipal encargada de trámites menores- de San Juan de Lurigancho, Tommy Saravia, fue acribillado por sicarios, al parecer porque no cedió a una extorsión, delito que prolifera especialmente en Lima y otras ciudades.
Y ayer el automóvil de Rosa Corzo, concejal del municipio de Comas, en la zona norte de Lima, recibió siete disparos, en pleno día y con fines de amedrentamiento por motivos vinculados a su actividad como concejal opositora, según dijo sin dar detalles.
Un sector de la población reclama que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia por considerar que la Policía Nacional ha sido rebasada, pues el estado de emergencia implica su intervención, pero el Gobierno asegura que aun no es necesario.
El ministro del Interior, Vicente Romero, contradice las evaluaciones negativas sobre los resultados del estado de emergencia y afirma que el índice de delitos ha disminuido y la acción policial logrará mayores metas.
Para el semanario Caretas, los militares no intervienen en realidad porque piensan que cuando haya problemas, alusión a posibles muertes de civiles, las tropas «pagarán pato», peruanismo que significa cargar con toda la culpa o el costo.
Similares fuentes atribuyen la no participación militar a lo reciente de las 50 muertes registradas durante las operaciones castrenses y policiales ante las protestas contra el relevo del destituido y preso Pedro Castillo por la presidenta Dina Boluarte, en diciembre de 2022.
Otra medida gubernamental materia de polémica es la reforma del Código Penal que eleva las condenas de cárcel por el robo de teléfonos móviles, que en Perú es masivo, hasta 30 años en casos con mayores agravantes.
Juristas y expertos no gubernamentales en seguridad opinan que la medida es extrema, desproporcionada, innecesaria y de dudosa eficacia, pues debería, dicen, apelarse a la tecnología para bloquear los móviles robados y actuar contra el comercio de los mismos.
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