El pacto fue avalado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado en el tercer y último debate de la Asamblea Nacional (Parlamento) en medio de manifestaciones de grupos populares y ambientalistas en las inmediaciones del Legislativo, que concluyeron con enfrentamientos violentos con la policía.
Avenidas cerradas en varios puntos del istmo también fue la respuesta de la Alianza Pueblo Unido por la Vida en rechazo al convenio con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia y lesivo a la soberanía, según los colectivos.
De acuerdo con la diputada Walkiria Chandler, una de las opositoras al texto, con este contrato, que estará vigente por 20 años, prorrogables por 20 más, se compromete la salud, la vida, el patrimonio, la soberanía y el futuro de los panameños.
Por su parte, el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, adelantó que desde el lunes próximo irán a paro general en el país como reacción al atropello cometido por el Ejecutivo y una bancada de diputados que representa al gobernante Partido Revolucionario Democrático(PRD) al imponer ese pacto.
El vocero de la Alianza y secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, sostuvo por su parte que seguirán en las calles hasta derrotar el leonino co0ntrato.
Algunos candidatos presidenciales a la consulta de 2024 como Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino, señaló que la minería puede llenar bolsillos, pero jamás se volverán a llenar los ríos, ni ninguno de nuestros recursos naturales.
Mientras que Martín Torrijos, candidato a presidente por el Partido Popular, dijo que a pesar de las advertencias de la ciudadanía, la Asamblea Nacional aprobó “apresuradamente” el contrato minero.
Entre los candidatos por libre postulación, la economista Maribel Gordón es una de las más duras opositoras y señala que atenta contra la soberanía nacional al ceder tierras a empresas extranjeras.
El nuevo texto había tenidos modificaciones por parte del Ejecutivo en cuatro puntos, que para los colectivos son un maquillaje que no cambia la esencia de un documento que permite el saqueo de los recursos naturales con la extracción de cobre, oro y molibdeno en Donoso (Colón).
El pacto establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, el pago de impuestos antes exentos, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, que exporta desde 2019, según el Gobierno.
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