Uno de los dirigentes de Suntracs, Abdiel Betancourt, dijo a Prensa Latina que un grupo millonario minúsculo, en contubernio con el Ejecutivo, no puede imponer al país un pacto lesivo a la soberanía y con irreversibles daños a la salud humana y la naturaleza, consecuencia de la actividad extractiva de cobre en la localidad de Donoso (Colón).
En la semana, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien declinó su participación este domingo en una cumbre migratoria en México, firmó la ley 406 de 2023 que avala las operaciones de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, lo cual destapó la ira de organizaciones sociales y ambientalistas que adversan la minería metálica a cielo abierto.
Betancourt llamó al pueblo a sumarse desde mañana a las acciones de presión, entre ellas cierres viales y manifestaciones en las calles en diversas provincias y en esta capital para exigir se derogue ese pacto.
Por su parte, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, indicó que están listos para la pelea en la calle.
“No aceptamos la venta de la patria. En la calle vamos a derrotar el contrato vendepatria”, remarcó.
Este domingo, un grupo de obreros realizó marchas en el distrito capitalino de San Miguelito. “Abajo el contrato minero”, gritaban los manifestantes.
Para mañana, la Asociación de Profesores de Panamá también anunció concentraciones en distintos puntos del país, paro de labores y asambleas generales para definir más acciones.
El pasado viernes, de manera expedita, con 47 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el pleno legislativo aprobó en tercer y último debate este texto, que poco después Cortizo firmó y luego se publicó en Gaceta Oficial.
De otra parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que agrupa al gremio empresarial privado, instó a los colectivos a evitar los bloqueos de carreteras, lo que generaría perjuicio a miles de personas honestas que se presentan diariamente a sus puestos de trabajo, según el comunicado.
También exhortó a los manifestantes a explorar otros métodos de protesta, que permitan la libre circulación de la población y el acceso a los servicios esenciales.
Para la diputada suplente por libre postulación Walkiria Chandler, lo que se estaba discutiendo en este contrato no son beneficios para la mayoría. “Es un tema económico con beneficios para grupos económicos y unos cuantos”, indicó.
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