Durante la intervención transmitida en directo por el canal estatal Bolivia Tv, la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que esa decisión fue asumida tras concluir la primera etapa de las pesquisas por esos crímenes y solicitó una condena de 30 años.
Afirmó que su informe se basa en 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas a miembros de las Fuerzas Armadas, 30 a efectivos policiales, 50 a víctimas y ocho a funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia.
En enero del año en curso, tras la decisión judicial de juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta de facto, su abogado defensor, Luis Guillén, presentó una apelación contra ese dictamen, que fue rechazada.
El 19 de noviembre de 2019 se registró esa acción represiva de fuerzas militares y policiales que desembocaron en 10 muertos y decenas de heridos por armas de fuego.
La parte acusatoria expuso los argumentos para que el caso se resuelva por la vía ordinaria, mientras la defensa solicitó que se active un proceso de responsabilidades por la condición de Áñez de presidenta de facto, el cual tiene que ser aprobado con el voto de dos tercios en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el juez determinó que la exsenadora encare un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juzgamiento en un tribunal de sentencia.
El ministro de Justicia, Iván Lima, en tanto, declaró que los líderes de los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, bloquearon el juicio de responsabilidades para Áñez en el órgano legislativo.
Debido a esa actitud obstruccionista, fue necesario acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.
Según la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a civiles en El Alto, donde se registraron 31 personas heridas por proyectiles de arma de fuego y 10 murieron baleadas.
El Ministerio Público, por su parte, amplió la imputación contra Áñez por la firma del Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional tras el golpe de Estado de 2019.
Por estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano con una pena máxima de 30 años.
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