En el comunicado oficial se hace un llamado a la comunidad educativa a velar por la tolerancia, el respeto y el derecho a expresarse libremente, propiciando una cultura de paz que permita culminar el año lectivo 2023 de acuerdo al calendario escolar.
También la estatal Universidad de Panamá (UP), cuya sede capitalina es escenario tradicional de manifestaciones y bloqueos a la céntrica Avenida Transístmica, anunció la suspensión de las clases presenciales este lunes y martes, y recomendó a las facultades implementar las aulas virtuales en esas fechas.
Gremios magisteriales, como la Asociación de Profesores, convocaron a asambleas generales temprano en la mañana en puntos claves de la capital y el resto de las provincias, para definir acciones, entre ellas los cierres totales de avenidas y de varias localidades, indicó a Prensa Latina uno de sus líderes, Fernando Ábrego.
Los colectivos exigen se derogue el pacto suscrito entre el Ejecutivo y directivos de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, declarado inconstitucional en 2017, años después de que en 2009 el Centro de Incidencia Ambiental presentara un recurso en ese sentido.
Más de 15 días duran las marchas y concentraciones en las calles de agrupaciones y movimientos populares, estudiantiles y ambientalistas, algunas de ellas con saldo de heridos luego del uso de gas pimienta y balines por parte de unidades antimotines de la Policía, sobre todo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento).
Ábrego repudió el pacto impulsado por gobernantes traidores a su Patria que permite el robo de los recursos naturales y causa daños a la salud humana y al medio ambiente.
También la Coordinación Nacional de Estudiantes Universitarios señaló en un mensaje que no permitirán que la UP, considerada la Conciencia Crítica de la Nación, sea utilizada por sus autoridades cómo instrumento cómplice de este gobierno y la compañía extranjera First Quantum en la venta de la autodeterminación.
Muchos de los asistentes a las protestas desde la víspera visten de negro, ondean la insignia nacional, suenan pailas y vitorean consignas como No a la minería, Si a la vida, constató esta agencia informativa.
En la urbe capitalina, jóvenes manifestantes llegaron incluso hasta el inmueble donde habita el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y corearon indignados “Y tú que estás mirando, también te están robando”.
Por su parte, obreros de la construcción salieron a las calles, para pedir la derogatoria de la Ley 406 de 2023.
“Queremos decirle al país que estamos listos para la pelea en la calle”, informó Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), sobre las acciones de fuerza que seguirán en la jornada.
Según se conoce, en apenas cinco días, el proyecto de ley 1100, que adopta el contrato con modificaciones entre el Estado y Minera Panamá, fue presentado al legislativo y aprobado en tres debates, devuelto al Ejecutivo, sancionado, enumerado (ahora es la Ley 406 de 2023) y publicado en Gaceta Oficial, lo que ha suscitado indignación en organizaciones sociales.
Méndez recordó que los colectivos exigen una moratoria a la actividad extractiva y que se realice una consulta transparente y televisada a la población para luego decidir en las urnas si se quiere o no un país minero.
“Llegó la hora en la que el pueblo pone orden en el país”, precisó el excandidato presidencial en 2019 al instar a masivas manifestaciones en las calles para derrotar el contrato con Minera Panamá.
También la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, integrada por los siete pueblos originarios, expresó su rechazo a la aprobación “a tambor batiente” del polémico contrato minero.
Marcelo Guerra, líder de esa organización integrada por los siete pueblos originarios hizo un llamado a las bases a sumarse a las acciones hasta lograr la derogación de la ley.
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