Los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida y que también en julio de 2022 paralizaron al país en manifestaciones contra el alto costo de la vida, ahora exigen se derogue la ley que avala el pacto suscrito entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá, lesivo a la soberanía y con daños al medio ambiente, según sus líderes.
Nos mantendremos en las calles hasta derrotar el leonino contrato que permite el saqueo de nuestros recursos naturales, dijo a la prensa el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, desplegado en las 10 provincias.
También son recurrentes los cierres de arterias principales, como la vía Interamericana que une al istmo con Centroamérica y los accesos a la capital desde las occidentales provincia de Veraguas y Chiriquí, esta última proveedora de los principales productos del agro, medida que ya impacta en los mercados y puntos de abastecimiento, constató Prensa Latina.
El malestar de la ciudadanía por ese pacto llegó la víspera hasta localidades como Pacora (Panamá Este), el Puente de las Américas o la céntrica Calle 50, y concluyó con enfrentamientos violentos con unidades antimotines de la policía que utilizaron gas pimienta y balines de goma, mientras los manifestantes, entre ellos indígenas, lanzaban piedras.
Los gremios docentes, explicó por su parte el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, decretaron desde este martes una huelga general de 48 horas y exigen como otras organizaciones sociales que se derogue la Ley 406 que avala el convenio suscrito por el Ejecutivo y la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
También la Comisión Médica Negociadora Nacional se unió a los grupos que rechazan el pacto y anunciaron un paro escalonado e indefinido de labores.
Para los colectivos, el contrato de concesión de tierras por 20 años, prorrogable igual lapso, ya declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia por contratación directa, tiene ahora los mismos vicios de legalidad; y permite además la devastación y catástrofe irremediable en la biodiversidad del Corredor Biológico Mesoamericano.
La Alianza enfatizó además en la necesidad de que se establezca una moratoria a la actividad extractiva que declare el cierre de operaciones de la mina de cobre en Donoso (Colón) y se realice un referendo en el que el pueblo con su voto en las urnas decida si quiere ser un país minero o no.
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