En el cuarto día de protestas en todo el istmo y bajo una pertinaz llovizna, miles de personas convocadas por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, llegaron hasta los predios de la Presidencia de la República para demandar la derogatoria del pacto, que estiman lesivo a la soberanía y que propicia daños ambientales en la zona de Donoso( Colón).
Los participantes en el mitin coreaban consignas como Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos, o Somos patriotas, no vendepatrias, cuando casi en sus conclusiones, un grupo de jóvenes que marcharon de la Cinta Costera e intentaron derribar el cerco de seguridad, fueron dispersados por los agentes de la fuerza pública con gas pimienta.
Ante la confusa situación, las personas corrieron por todas las calles de ese lugar Patrimonio de la Humanidad para intentar salir, afectados por los gases que seguían lanzando los agentes.
Los enfrentamientos siguieron en las inmediaciones de la sede del gobernante Partido Revolucionario Democrático, también rodeado por operativos de seguridad que respondieron con gases a los jóvenes.
Uno de los voceros de la Alianza, el dirigente sindical Saúl Méndez, dijo a esta agencia informativa que se mantendrán en las calles hasta lograr la derogatoria del leonino contrato.
El movimiento popular rechaza la violencia, pero insistirá en que se declare una moratoria a la minería, se realice una consulta ciudadana transparente y que en un referendo los panameños con su voto en las urnas decidan si quieren o no un país minero.
Las manifestaciones callejeras se han acrecentado en todo el istmo, luego que el presiente Laurentino Cortizo firmara de manera maratónica ese pacto con la trasnacional canadiense First Quantum y luego enviara un mensaje a la nación llamando a la cordura y el respeto a las leyes, que el mismo incumple, según sus adversarios, lo cual ha causado más indignación.
La caminata y mitin en las inmediaciones del Palacio de las Garzas( sede del Ejecutivo) forma parte de las acciones para rechazar la aprobación de la Ley 406, cuyo texto predecesor fue declarada inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia(CSJ).
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