La decisión fue anulada más de nueve meses después de su presentación, en enero último, en el contexto de grandes protestas sociales contra el nuevo gobierno de la sucesora del encarcelado y procesado exgobernante Pedro Castillo.
Montoya acusó entonces al exgobernante indígena de los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la soberanía nacional, lo que no era pertinente porque Morales no es peruano, según análisis jurídicos.
La denuncia incluyó al exgobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza y al líder del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, y argumentó que los imputados habían realizado acciones para unir a la región de Puno a Runasur, un frente de movimientos sociales de América del Sur promovido por el exmandatario boliviano.
Una de las supuestas pruebas contra Apaza era que el Consejo Regional de Puno aprobó en 2019 una ordenanza para establecer políticas de integración con pueblos originarios de otros países.
También acusaba al entonces gobernador de haber usurpado funciones que, según alegaba el denunciante, no le correspondían, al recibir cálidamente a Morales, quien era muy popular en Puno, territorio contiguo a Bolivia, lo cual irritaba a la derecha peruana.
La animadversión a Morales se acentuaba por la posición de este a favor del hoy expresidente Castillo, a quien considera víctima de una campaña desestabilizadora y golpista.
Tal rechazo llegó al extremo que la mayoría derechista del parlamento declaró persona no grata -fórmula diplomática de desagrado extremo que es atribución de los gobiernos- y pidió y logró que la Superintendencia de Migraciones prohíba el ingreso del expresidente vecino a Perú.
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