De acuerdo con voceros de esos colectivos, a la caminata con salida desde el parque Belisario Porras, en esta capital, y la concentración frente a las instalaciones del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) fueron convocados estudiantes, amas de casa, obreros, campesinos e indígenas en representación de la nación istmeña y sus más legítimos reclamos de autodeterminación.
Sobre esta nueva acción, horas después de un mensaje radiotelevisado a la nación del mandatario Laurentino Cortizo en el que llama a respetar las leyes y defiende ese pacto, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, indicó que “llegó la hora en la que el pueblo sale a dirimir sobre el contrato que vende la patria”.
Por su parte, el dirigente de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego, instó al Ejecutivo a abstenerse de cualquier intención de suspender las garantías elementales en medio de crecientes protestas contra ese pacto sobre la actividad extractiva, lesiva a la soberanía y que destruye el medio ambiente.
Ábrego insistió en que los colectivos se mantendrán en las calles para exigir la anulación de la Ley 406 que autoriza operaciones a la filial de la trasnacional canadiense First Quantum para la extracción de cobre y otros minerales.
“Llamamos a ese pueblo a responder cualquier intención de robarle su participación directa en la toma de decisiones en un tema cardinal para la vida del país”, indicó.
La víspera, también el Episcopado de Panamá pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se pronuncie urgentemente sobre la inconstitucionalidad del contrato ley 406 que renovó la concesión a una compañía extranjera para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica, pero rechazado con protestas callejeras que ya duran cuatro días.
Los obispos dijeron en un comunicado que el pronunciamiento urgente de la CSJ sería la única manera para superar la confrontación y traer paz, buscando espacios de encuentro, consensos y soluciones en las que todos participan.
Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) solicitó al Supremo que resuelva con celeridad las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
“Instamos a que se pronuncian de una forma ágil, rápida, efectiva y oportuna, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la paz social en nuestro país”, señaló el CNA
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