Tras una semana de manifestaciones callejeras, los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida insisten en que el Ejecutivo derogue el pacto suscrito con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, cuyo texto predecesor fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2017.
La ola de cierres viales, paros de sectores como la salud, educación y el transporte de carga, entre otros, han traído desabastecimiento de mercados, suspensión de clases y citas médicas y ,sobre todo en la capital, un clima de incertidumbre ante la respuesta del Ejecutivo para contener la crisis, un escenario similar al de julio de 2022, cuando las protestas enfilaron contra el alto costo de la vida.
En esta ocasión, los movimientos populares manifiestan indignación ante la reacción del Gobierno, luego que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tras firmar la Ley 406, aprobada en el Legislativo de manera maratónica, se dirigiera a la nación para pedir respeto a las a leyes y anunciar sanciones a quienes pretendan vulnerarla.
En las calles, las unidades antimotines han sido reforzadas y con frecuencia despejan a los manifestantes con el empleo de gases lacrimógenos que impactan en la población ajena a las protestas y el uso de perdigones con saldo de decenas de heridos y detenciones.
Las escuelas permanecen cerradas, gremios médicos han iniciado huelga de brazos caídos y sectores empresariales privados y la Iglesia Católica han solicitado al jefe de Estado que favorezca un alto a la violencia, la protección de los ciudadanos que protestan de forma pacífica, un amparo a los derechos ciudadanos y una moratoria minera inmediata.
Por su parte, la CSJ admitió una de las cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Para analistas como José Eugenio Stoute, sería la única solución real ante la crisis, pues el recurso legal obligaría a cesar las operaciones de la mina de cobre en Donoso (Colón) y a un proceso revocatorio del pacto.
La demanda la presentó la víspera el abogado Juan Sevillano y fue admitida por la presienta de la CSJ, María Eugenia López, impugnada por los protestantes por incumplir sus deberes funcionales.
Cuestionan además que ahora el Gobierno dependa del Supremo, órgano que se demoró 20 años para fallar sobre la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá y cuatro años más para aclarar la sentencia.
Ahora López deberá verificar que la demanda cumple con todas las formalidades legales exigidas por el Código Judicial y deberá trasladar al procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita su concepto.
González tiene un plazo de hasta 10 días hábiles para enviar su opinión a la CSJ, según las normas.
Para los expertos, a las puertas de fiestas patrias en noviembre, si el máximo tribunal considera que el pacto representa una violación a la Constitución sería la única manera en que el contrato sea eliminado como exigen los manifestantes que en la jornada volverán a marchar hacia el Supremo.
Sin embargo, los colectivos sociales como aseverara a Prensa Latina uno de los líderes el secretario general del Sindicato de los Constructores, Saúl Méndez, están decididos a derrotar en las calles el leonino contrato.
También exigen una moratoria y que se realice una consulta ciudadana y referendo en el que el pueblo con su voto en las urnas decida si quieren o no un país minero.
Los detractores del contrato aseguran que más allá de beneficios económicos como señala el Estado, el llamado pacto de la muerte tendría un fuerte impacto medioambiental y amenazaría el recurso hídrico, además de que consideran que permite el saqueo de sus preciados recursos naturales.
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