La Cuarta Sala Nacional de Delitos de Crimen Organizado emitió un fallo dividido, con dos votos por la absolución y uno por la condena y la Fiscalía y la familia Huilca y la Fiscalía anunciaron que apelarán y pedirán la nulidad del fallo, que consideran ignoró décadas de investigaciones y pruebas de cargo.
El dirigente fue ultimado a tiros, en la puerta de su casa y delante de su familia, el 18 de diciembre de 1992, cuando encabezaba la resistencia sindical contra el llamado “paquetazo” de medidas de alto costo social contenidas en la política neoliberal impuesta con mano dura por el entonces gobernante Alberto Fujimori.
Dicho expresidente es considerado por el Ministerio Pùblico como autor mediato del crimen, junto a su lugarteniente Vladimiro Montesinos y ambos están encarcelados como responsables de dos masacres cometidas por agentes del Grupo Colina, escuadrón militar ilegal señalado como ejecutor del atentado.
El ministerio público señaló como autores materiales del crimen al mayor Martín Rivas, jefe del Grupo Colina -encargado de eliminar sospechosos de terrorismo y opositores- y los agentes Julio Chuqui, Jesús Sosa y Nelson Carbajal.
Tras el asesinato, las miradas del país se voltearon hacia el Palacio de Gobierno, pues Huilca, como líder de la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP), había sostenido discusiones públicas con Fujimori y este le había lanzado frases consideradas amenazantes.
La CGTP y la familia de Huilca denunciaron que el Gobierno estaba detrás del atentado y el Ejecutivo sostuvo que el crimen había sido cometido por el grupo armado Sendero Luminoso y anunció con inusitada celeridad que había capturado a los autores pero fueron liberados por carencia de pruebas.
El juicio se inició recién en 2017 y en los seis años transcurridos se realizaron 217 audiencias en las que parte de los argumentos de la acusación fueron aportados por una comisión parlamentaria creada tras el fin del gobierno de Fujimori (1990-2000).
La exparlamentaria progresista Indira Huilca, quien era pequeña cuando su padre fue asesinado, declaró días antes del fallo que le preocupaba que la influencia del fujimorismo en el sistema de justicia y en la prensa puedan torcer el rumbo del proceso.
La absolución generó múltiples críticas, como la de la excandidata presidencial progresista Verónika Mendoza, quien afirmó que “los asesinos y mafiosos” (congresistas de derecha) quieren controlar totalmente el sistema de justicia para conseguri fallos como el cuestionado.
“Pero hagan lo que hagan, en la historia y en la memoria de los pueblos quedará registrado que Fujimori, Montesinos y el Grupo Colina asesinaron a Pedro Huilca”, agregó.
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