El recurso planteaba restituir el indulto que en diciembre de 2017 otorgó a Fujimori, según opinión generalizada, en un intento de concertación política con el partido de la hija del preso, Keiko Fujimori, que tenía mayoría amplia en el parlamento.
La medida desató protestas en Lima y el interior del país pese a que fue decretado en la víspera de Navidad, en un contexto de distensión por las festividades del fin de año.
Si bien Fujimori fue liberado entonces, los familiares de víctimas de dos matanzas por las que fue condenado como autor mediato, apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito el Estado peruano, y esta dictaminó que la medida no se aplique.
La Tercera Sala Constitucional de la Cote Superior de Justicia de Lima declaró improcedente el habeas corpus y argumentó que no se ha determinado la vulneración al derecho de Fujimori a la libertad individual y otros, invocada en el habeas corpus.
El fallido indulto tuvo como contexto un conflicto entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, porque la primera se opuso al presunto acuerdo entre Kenji y Kuczynski.
La mayoría congresal fujimorista intentó dos veces vacar (destituir) a Kuczynski, quien renunció en marzo de 2018, tras ser acusado de ofrecer a través de terceros prebendas a legisladores fujimoristas para que se abstengan de votar por su defenestración.
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