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Central obrera de Perú demanda condenar a asesinos de líder sindical

Lima, 3 nov (Prensa Latina) La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) pidió hoy la nulidad de la absolución a los responsables y ejecutores del asesinato, en 1992, del líder sindical Pedro Huilca, cuya familia pidió desestimar el fallo.

La CGTP y la Federación de Trabajadores de la Construcción, a las que Huilca lideraba cuando fue ultimado, condenaron en un comunicado conjunto la decisión judicial que absolvió al expresidente Alberto Fujimori como principal autor intelectual del crimen.

De la misma acusación fueron exculpados el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, los exjxefes del Ejército, Nicolás Hermoza, y del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio

Salazar, y los oficiales Juan Rivera, y Federico Navarro.

También fueron absueltos el mayor Santiago Martin Rivas, jefe del Grupo Colina, destacamento militar ilegal dedicado a asesinar a sospechosos de terrorismo y opositores del gobierno de Fujimori (1990-2000), y los miembros del grupo Julio Chuqui, Jesús Sosa y Nelson Carbajal.

La declaración sindical señala que, como ocurría bajo el régimen de mano dura fujimorista, “el poder judicial ha otorgado impunidad a los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato, en el marco de un proceso enrarecido por decisiones de último minuto”.

Agrega que el fallo ofende a la memoria de Pedro Huilca, quien encabezaba la oposición sindical a la política neoliberal impuesta por Fujimori, a quien se había enfrentado públicamente, por lo que había recibido tácitas amenazas del gobernante.

“La clase trabajadora seguirá movilizada hasta que esta absolución sea revertida y los responsables paguen por este alevoso crimen”, dice, al argumentar que hay abundantes pruebas contra los imputados y exigir justicia, democracia, libertad y dignidad.

De otro lado, la viuda de Huilca, Martha Flores, y su hija Flor Huilca, presentaron un recurso de nulidad del fallo dictado el martes último.

La absolución fue aprobada por dos de los tres integrantes del tribunal basado en el criterio subjetivos de que Fujimori ni su gobierno tenían motivos para mandar matar a Huilca y en alegar que el Grupo Colina había sido desactivado en noviembre de 1992, un mes antes del atentado contra el líder sindical.

El tercer juez, Percy Ruiz, refutó con pruebas esos argumentos y en su dictamen señaló que Huilca había denunciado internacionalmente a Fujmori por violación de derechos laborales, por lo que este sí tenía motivos para actuar contra el sindicalista.

Añadió que hay pruebas de que el asesinato fue ejecutado por el destacamento Colina y de que sí estaba operando en diciembre de 1992, además de que el móvil fue la oposición de Huilca al gobierno.

Fujimori y Montesinos cumplen largas condena de cárcel como autor mediato de dos matanzas de civiles cometidas por el Grupo Colina y tiene pendiente un juicio por una tercera masacre.

mem/mrs

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