El Congreso de la República decidió, ante la falta de unanimidad en el desacato, apelar ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional contra la orden de un corte de detener el polémico proceso contra los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra, fiscaliza y destituye a jueces, fiscales y autoridades electorales.
La controversia fue declarada por el Parlamento al rechazar de plano su presidente, Alejandro Soto, la orden de una corte superior constitucional de congelar provisionalmente el procedimiento de destitución y acordar continuarlo los voceros de las bancadas
Decidieron por tanto suspender la sesión en la que iban a votar el proyecto de destitución de los magistrados, porque estos anunciaron, en cumplimiento de la decisión judicial, que no acudirían a ejercer su defensa, para lo que habían sido citados.
Para el diario La República, la pausa solo significa la suspensión del golpe contra los integrantes de la JNJ, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
El dictamen contra el que apeló el Congreso, se fundamenta en uno de los argumentos de defensa de la JNJ, que las causales de la destitución invocadas por la mayoría congresal no han sido definidas previamente, como corresponde al debido proceso, situación que afecta derechos fundamentales de los magistrados.
Los críticos del empeño parlamentario de defenestrar a los miembros de la JNJ argumentan que la medida busca que el Legislativo de mayoría derechista extienda su poder al control pleno del sistema de justicia y los organismos electorales.
El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros declaró que, de lograr el parlamento unicameral el cese de todos o parte de los integrantes de la JNJ, un organismo autónomo, afectaría la constitucionalidad y la democracia.
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