En declaraciones públicas, argumentó que los comicios adelantados, que contradicen el empeño de la presidenta Dina Boluarte de gobernar hasta 2026, darían una tregua política y son la única solución de fondo para la ofensiva contra un elemento esencial de la institucionalidad democrática que es la división de poderes, agregó.
Se refirió así a las acciones de expansión de su poder a otros ámbitos del aparato estatal, según la oposición, con el fin de controlar los poderes Judicial y Electoral y asegurar así la continuidad de la actual hegemonía derechista.
El excanciller opinó que si esa ofensiva sigue avanzando, la posición internacional de Perú se va a deteriorar cada vez más y la polarización interna se va a agudizar.
Además, dijo el experimentado diplomático, la celebración de prontos comicios será un bálsamo para los inversionistas extranjeros porque van a ver la posibilidad de un reordenamiento y de que las reglas del juego sean un poco más estables.
Ello será posible, explicó, a partir de una nueva legitimidad que dará paso a un gobierno sin cuestionamientos a ello.
Para Rodríguez, el adelanto electoral permitirá que diversos sectores movilizados , que no se sienten representados y que tienen afectados sus derechos, vean una luz al final del túnel.
“En este momento hay protestas sociales generalizadas que se van a intensificar y, en el contexto de la rigidez de las acciones del gobierno respecto a estos problemas, hay pocas esperanzas de que se llegue al dialogo y al consenso”, dijo.
Un bloque de organizaciones sociales y políticas mantiene la exigencia de que se adelanten las elecciones y entre sus argumentos invocan la desaprobación de más de 80 por ciento de la población a la administración de Dina Boluarte, según encuestas privadas.
También acusan a la mandataria de ser responsable de 50 muertes de civiles en las manifestaciones de protesta y disturbios registrados como rechazo al ascenso de Boluarte al cargo, el 7 de diciembre de 2022.
Tras asumir el cargo por sucesión constitucional, pues era vicepresidenta del destituido mandatario Pedro Castillo, anunció que ejercería un gobierno transitorio.
Sin embargo, dejó la decisión de convocar nuevos comicios en manos del Congreso y como este no logró consenso para la convocatoria de prontos comicios, decidió continuar al mando hasta el 28 de julio de 2026, cuando se cumplirán los cinco años para los que fueron elegidos Castillo y ella.
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