La acción judicial, que incluye a los secretarios de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, y Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, se produce luego que la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, validara mediante carta una querella que el PPD presentó ante su oficina.
El secretario general del PPD, Gerardo Cruz, manifestó que “ante la inacción de la oficina encargada de fiscalizar la erogación de los fondos públicos, entiéndase la Oficina de la Contralor de Puerto Rico, hemos decidido interponer una demanda”.
Explicó que el objetivo es que cese de la publicación de esos anuncios políticos disfrazados de servicio público y que contienen la frase “Haciendo que las cosas pasen”, en violación al artículo 13 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas.
Cruz recordó que la campaña a la elección de 2020 del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), del gobernador Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, contenía el estribillo “voy a hacer que las cosas pasen”.
Hace unas semanas, la Contralora Valdivieso reconoció en una misiva enviada a la Comisionada Electoral del PPD, Karla Angleró, que “en la situación planteada, la frase haciendo que las cosas pasen complementa la expresión voy a hacer que las cosas pasen”.
“Lo que hubo fue un cambio en los tiempos verbales, pero la esencia de ambas es la misma. Si bien no es el mismo lema, al analizarlos de forma integrada se puede deducir que la intención de la frase haciendo que las cosas pasen es resaltar el cumplimiento con una promesa político partidista —voy a hacer que las cosas pasen— como un logro a futuro”, subrayó.
La demanda del PPD estipula que al menos, durante los pasados seis meses, el Gobierno de Puerto Rico ha incurrido en gastos de más de tres millones de dólares de fondos públicos en una campaña política en los medios de comunicación masiva con el único fin de realzar y promover las aspiraciones políticas de reelección del gobernador Pierluisi en las próximas elecciones generales, pautadas para noviembre de 2024.
“Es inconcebible que a pesar de nuestro señalamiento hace algunas semanas, la práctica de los secretarios de agencias de pautar estos anuncios políticos con fondos públicos continúe; de igual manera nos sorprende que la Contralora valide nuestro planteamiento, pero decide esperar porque otra agencia termine su investigación”, añadió Cruz.
En el recurso, el Partido Popular establece que en 1995 el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que detener una campaña del gobernador Pedro Rosselló, que fue permitida por el entonces secretario de Justicia, Pierluisi.
“El Gobierno de Pedro Pierluisi está replicando exactamente las mismas costumbres del Gobierno de Pedro Rosselló. Pues hace más de 20 años, como Secretario de Justicia, permitió el mal gasto de 70 millones de dólares en la campaña de ‘compromiso cumplido’».
Un tribunal condenó la actuación como un derroche inconstitucional de fondos públicos y hoy día como Gobernador, hace exactamente lo mismo, señaló.
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