La censura fue arobada con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, y los congresistas del primer grupo, si bien esgrimieron diversos argumentos, coincidieron en defenestrarlo debido a su incapacidad, falta de liderazgo; pero, sobre todo, al fracaso de su estrategia de estados de emergencia aislados.
Tras la decisión parlamentaria, Romero deberá renunciar al cargo para que el nuevo titular sea designado por la Presidenta, cuyo retorno al país está previsto para el 18 de noviembre.
La decisión fue el corolario de un debate en el que el ministro recibió el fuego cruzado de duras críticas desde la izquierda, cuyos legisladores le enrostraron su papel en la represión de las protestas contra el ascenso de la mandataria Dina Boluarte, en diciembre de 2022.
La legisladora izquierdista Ruth Luque señaló que la jefa del Ejecutivo y el primer ministro Alberto Otárola también son responsables del fracaso de la política de seguridad ciudadana, en crisis por el desborde de la criminalidad.
La moción aprobada fusionó las que presentaron bancadas de izquierda y derecha, y que Romero intentó evitarla con diversas acciones consideradas efectistas, como la súbita creación de unidades policiales especializadas en la delincuencia organizada.
El congresista de derecha extrema Fernando Rospigliosi señaló que el fracaso de Romero se evidencia en el hecho que los municipios declarados en emergencia en Lima registran en conjunto un asesinato cada día.
En una de sus últimas decisiones como ministro, Romero anunció horas antes de la censura una prórroga por otros 60 días en los municipios limeños de San Juan de Miraflores y San Martín de Porres y en los distritos de la norteña provincia de Sullana.
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