Esta exigencia tiene el apoyo de la nueva Ley de Servicios Digitales que impone a las grandes plataformas un mayor control contra los contenidos ilícitos y la difusión de bulos.
En concreto, los servicios comunitarios reclamaron a la compañía que antes del 6 de diciembre detalle las medidas que toma para cumplir con las nuevas obligaciones de la legislación comunitaria.
Tal demanda apunta a evaluación de riesgos y mitigación frente a la difusión de productos ilegales y para la protección de los derechos fundamentales de los usuarios.
En base a la respuesta que proporcione Amazon, el Ejecutivo comunitario podrá evaluar si es necesario tomar más medidas, incluida la apertura de un procedimiento de infracción.
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