“Es una medida extrema porque no responde a un hecho de razonamiento lógico”, dijo Gutiérrez en declaraciones públicas, al pedir una prórroga de dos meses para aquellos indocumentados que no legalizaron su situación en el plazo fijado por el gobierno y que expiró el viernes último.
Agregó que hay cientos de miles de extranjeros en esa situación y que gestionará reuniones con el canciller, Javier González-Olaechea, y con el ministro del Interior, Vicente Romero, para que reconsideren el drástico decreto.
Sostuvo que el Estado ha ido de un extremo a otro, desde el llamado del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) a la llegada indiscriminada y sin formalidades de migrantes a la citada medida extrema.
El defensor afirmó que es verdad que entre los viajeros hay cientos de elementos de mal vivir pero la expulsión amenaza a los migrantes honrados y no a los delincuentes, que se mimetizan con el hampa local.
Pidió que por lo menos se otorgue un nuevo plazo de dos meses para quienes hayan iniciado el trámite de legalización y no lograron culminarlo.
“Los que se están yendo no son los malos, los que se están yendo lo hacen por cuidar a sus hijos y tienen que irse, los delincuentes por ninguna medida se van a ir”, dijo sobre el objetivo invocado por el gobierno para el polémico decreto.
Se refirió así al inicio de lo que parece ser una especie de éxodo de migrantes irregulares, confirmado por el ministro del Interior, Vicente Romero, quien precisó que ayer salieron por el principal paso fronterizo, con Ecuador, 800 indocumentados.
Un oficial de Policía a cargo del puesto fronterizo peruano de Aguas Verdes confirmó a la prensa lugareña que durante esta mañana cruzaron el lindero hacia Ecuador dos mil 500 migrantes irregulares y el flujo de salida de extranjeros en similar situación continuaba en la tarde.
El parlamentario y exministro del Interior Fernando Rospigliosi calificó de inviable la expulsión masiva de extranjeros indocumentados hacia sus países sin coordinación con sus gobiernos.
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