La mandataria visita Estados Unidos y regresará el próximo sábado, cuando culminará el plazo constitucional de 72 horas fijado para acatar la decisión tomada ayer por una contundente mayoría en el Congreso de la República, de censurar al titular Vicente Romero.
La crisis abrió expectativas políticas y periodísticas sobre la posibilidad de una recomposición mayor del gabinete, que diversos sectores consideran necesaria por el desgasta del equipo que secunda a la jefa de Estado.
Consultado sobre esa posibilidad, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez, se abstuvo de opinar y se limitó a señalar que el tema corresponde a la presidenta y al primer ministro, Alberto Otárola.
“Todos los ministros estamos siempre sujetos a evaluación de nuestras acciones, de desempeño y la presidenta y el primer ministro tomarán las decisiones que ellos crean convenientes”, expresó.
El Gobierno tomará la decisión tras el retorno de la gobernante, para lo no hay plazo, es decir que el despacho del Ministerio del Interior puede seguir vacante después de ese día.
Los comentarios se enfocan también en el perfil que debe tener el nuevo titular de un ministerio clave en el que hay virtual consenso en que Romero fracasó por carencia de capacidades y de estrategia de lucha contra la desbordada criminalidad, que se ha constituido en la principal preocupación de los peruanos.
El funcionario censurado integró el Gobierno desde el 13 de enero pasado, tras dos fugaces antecesores retirados tras la primera etapa de protestas contra el ascenso, el 7 de diciembre de 2022, de Boluarte a la presidencia en reemplazo de Pedro Castillo, encarcelado y destituido por el Parlamento.
Aquellas protestas continuaron bajo la gestión de Romero, hasta marzo, y dejaron un saldo de 50 civiles muertos en manifestaciones, lo que es materia de prolongadas pesquisas, una en la que ella y Otárola son investigados por presuntos delitos de genocidio y homicidio agravado, de lo que se declaran inocentes.
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