Las críticas coinciden en que el restablecimiento de la bicameralidad congresal y la reelección de congresistas, repudiadas por 90 y 85 por ciento de los electores en 1985, contradice la voluntad popular, aunque el tiempo transcurrido desde la consulta rebasa el plazo dado para su reconsideración en otro referendo.
La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma comentó que la reforma contraviene la carta magna y planteó la necesidad de una nueva consulta popular, lo que comparten incluso por muchos que las consideran convenientes.
“Habrá que hacer un esfuerzo de organización y de movilización ciudadana” por una nueva consulta popular que defina si el pueblo quiere o no la bicameralidad y la reelección parlamentaria, comentó.
La legisladora Margot Palacios, de izquierda, aseveró que la democracia es el respeto a la voluntad del pueblo, que ya se pronunció en el referendo de 2018 Esa voluntad no se tuerce. Mi rechazo al propósito de revivir la bicameralidad y la reelección.
Coincidió con la opinión generalizada de que el Congreso, que invoca su potestad por representar a la población, como afirma el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, carece de legitimidad por su impopularidad y desprestigio, pues tiene una desaprobación de más de 90 por ciento en las encuestas.
La reforma implicará, si se ratifica en una segunda votación en 2024, la modificación de 50 artículos de la constitución, sobre lo cual la exministra de la Mujer, Natalí Durand, anoto que el Parlamento no es un congreso constituyente.
“Si ya no les es «útil» la constitución de 1993, pues que se llame a una Asamblea Constituyente y que sea el pueblo soberano quien defina las nuevas reglas que nos van a regir como país”, agregó.
La excongresista y analista política Marisa Glave, quien está de acuerdo con el restablecimiento del sistema de cámaras de Diputados y Senadores, cuestionó que la introducción en la reforma de la reelección indefinida, “de contrabando y sin debate público ni consulta, es de cobardes y le resta legitimidad”.
La medida aprobada confirma que el Congreso es ilegítimo y “legisla contra la gente”, por lo que propone llamarlo dictadura, mientras la legisladora centrista Susel Paredes preguntó “¿A cuánto va a bajar la aprobación del congreso?
“No es una decisión acertada que una reforma tan amplia le rehúya a una validación ciudadana”, dijo la legisladora progresista Ruth Luque.
El analista Glatzer Tuesta señaló que la reforma es la primera de otras medidas con las que las fuerzas conservadoras quieren tomar el control de los organismos electorales para “ganar elecciones sin haberlas ganado”, es decir en forma fraudulenta.
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