La Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), gremios docentes y dirigentes indígenas convocaron a la ciudadanía a sumarse a nuevas protestas a modo de presión para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derogue la normativa.
El Tribunal informó en días recientes que una vez culminado este 22 y 23 de noviembre el plazo de alegatos para dos de las diez demandas de inconstitucionalidad presentadas contra dicha legislación, estarán en sesión permanente durante el 24 de noviembre, hasta emitir su decisión sobre las mismas.
No obstante el anuncio, las protestas callejeras siguieron y, justo la víspera, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre estas el movimiento Sal de las Redes, marcharon hacia la principal organización judicial para exigir una vez más su pronunciamiento.
En tanto, estudiantes de la Universidad de Panamá dieron a conocer a través de una carta que realizarán una marcha hacia esa misma instancia para exigir “el fallo de inconstitucionalidad” del contrato del Estado y Minera Panamá, el próximo miércoles 22 de noviembre.
También La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst), la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, exigieron a la Corte que, en el menor tiempo posible, emita un fallo.
Según informó un reporte del diario La Estrella de Panamá, acordaron participar en la vigilia frente al inmueble el próximo jueves, en espera del veredicto.
A juicio de analistas, en caso de que la CSJ declare inconstitucional el contrato y esa decisión prive a la Minera Panamá de sus derechos, es probable que la empresa notifique la presentación de una disputa.
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