Según la prensa local, el Parlamento aprobó este lunes la normativa tras su presentación por parte del ministro de Justicia, Garth Wilkin, y de un extenso debate entre los diputados.
La herramienta legal establece límites en el manejo de datos confidenciales para servidores públicos y contratistas, a fin de que los mismos no se trasmitan mediante cuentas personales de correo ni terminen en poder de personal ajeno al Gobierno.
Al presentarla, Wilkin indicó que proteger la información oficial es una práctica internacional y con ella San Cristóbal y Nieves se suma a otras naciones del mundo con un mecanismo más eficiente contra la fuga de archivos clasificados.
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