Los señalamientos coinciden en denunciar el carácter regresivo del proyecto aprobado por la comisión de Constitución del Parlamento, de un proyecto que, además, aumenta en forma desmedida el número de firmas de adherentes fijado para la inscripción de un nuevo partido.
Igualmente, aumenta el porcentaje de militantes exigido en las llamadas elecciones primarias, obligatorias y abiertas (PASO) vigentes, lo cual desalienta que los partidos opten por esa consulta ciudadana para elegir candidatos.
El diario La República comentó editorialmente que “El Congreso sigue haciendo regresionar al país, llevándonos nuevamente a los años 90”, década del gobierno de mano dura de Alberto Fujimori, con normas que “dejan atrás todas las reformas políticas que con tanta dificultad se ganaron en estos años”.
“No podía esperarse demasiado de un Congreso en el que 82 de los 130 parlamentarios” son investigados por diversas causas por la Fiscalía, añade.
La legisladora de izquierda Silvana Robles afirma que la mayoría congresal derechista “ha consumado un golpe letal contra la institucionalidad democrática de los partidos políticos”.
Agregó que “la reelección (previamente aprobada) y la eliminación de las elecciones primarias convierte a los partidos en feudos de cúpulas, con militancia manipulable y servil”.
Inclusive diarios conservadores como Correo y Perú.21, presentan enfoques críticos al informar sobre la inminente aprobación de lo que prácticamente elimina las PASO, pues la correlación de fuerzas de la comisión de Constitución se reproduce en el pleno congresal que debe aprobar la medida.
El analista Gerardo Távara hizo notar que el Parlamento impuso además la reelección indefinida -prohibida por un referendo en 2018- y procesa un proyecto para bloquear la participación de los movimientos regionales en sus jurisdicciones, para que solo los partidos vigentes puedan participar.
Señaló que esas medidas forman parte de un paquete de medidas que incluirá la destitución de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, a través de esta, el cambio de las autoridades electorales.
“Todo ello a cargo de un Congreso que no supera el seis por ciento de aprobación ciudadana; es decir, un Congreso carente de legitimidad pero ansioso por perpetuarse en el poder.
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