En este último proceso la investigación aborda el complot que desembocó el 10 de noviembre de 2019 en la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).
Dos días después, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 38 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Los militares acusados admitieron su responsabilidad en Golpe de Estado I, proceso que se les inició por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y otros cargos.
Son los encartados el general Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana; el almirante Palmiro Jarjury, exjefe de la Armada; el general Jorge Mendieta, exjerarca del Ejército y el almirante Flavio Gustavo Arce, extitular del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
La vista está programada este miércoles en una sola audiencia por economía procesal y unidad de concentración de actos, según el abogado Eusebio Vera, defensa legal de Terceros y Jarjury.
En un acuerdo con la Fiscalía, Jarjury admitió la comisión de los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa, en tanto que Terceros reconoció los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de bienes, servicios públicos y asociación delictuosa en calidad de encubrimiento.
Los cuatro imputados buscan ahora una sentencia condenatoria reducida, que estaría de dos a tres años de privación de libertad.
Vera declaró a la prensa que Terceros está cerca de dos años y medio en reclusión, por lo tanto, tendría la “pena casi cumplida” y no descartó buscar que su defendido se acoja a un beneficio penitenciario.
Jarjury, en tanto, estuvo en prisión cerca de un año y ahora cumple una detención domiciliaria.
La exdiputada Lidia Patty activó en 2020 este caso por los sucesos de noviembre de 2019 y la causa Golpe de Estado II sobre la forma ilegal en que Áñez asumió la presidencia del Senado para desde esa posición ocupar de manera inconstitucional después la jefatura del Estado.
En Golpe de Estado II la exgobernante de facto fue condenada a 10 años de cárcel, pena que cumple en la prisión de Miraflores, en La Paz.
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