La declaración de las autoridades locales siguió a un control técnico por enviados de los cinco países que usan el paso fluvial por instalaciones cuyo funcionamiento Buenos Aires argumenta para exigir las tarifas por navegar mediante el paso internacional, formado por los ríos Paraná-Paraguay y sus afluentes, añadió la radioemisora.
«Las obras del Gobierno argentino no justifican el cobro del peaje», subrayó el jefe de Dragado de la Administración Nacional de Navegación y Puertos de Asunción, Benjamín Martínez, luego de la verificación por representantes del grupo de firmantes del Acuerdo sobre la Hidrovía, que completan Brasil, Bolivia y Uruguay.
Según el experto, la navegación a través de un tramo en disputa “fue una muy buena experiencia para comprobar en el sitio las condiciones reales de la corriente fluvial, que ratifican la posición sostenida desde hace un año por Paraguay, opuesta a la aplicación del peaje”.
Martínez aseguró que, por el contrario, faltaron tareas de dragado, además de que el sistema de boyado realizado para señalizar el canal en algunas profundidades “está mal colocado” en medio de la corriente, lo cual estorba la navegación y podría causar problemas de navegación.
“Nuestros navegantes –afirmó- se ven obligados a desviarse y lo hacen bajo su responsabilidad. En caso de que ocurra un accidente, es responsabilidad del capitán. Es decir, que durante estos meses los técnicos argentinos estuvieron colocando boyas, pero se vio que muchas veces molestan porque se colocaron mal en el canal”.
El especialista aseguró que su Gobierno conoce que Argentina “implementa un servicio”, pero reiteró que “este no es suficiente” para aplicar la tarifa, «sobre todo a Paraguay, que es uno de los mayores usuarios de la Hidrovía», al trasladar por ella el 80 por ciento de sus exportaciones.
“Pero, en caso de que haya mejoras reales en la navegación –enfatizó Martínez- Paraguay no se opondría al cobro de un peaje”.
Las autoridades de la nación guaraní declararon desde el inicio del gravamen bonaerense a principios de año la falta de una explicación objetiva para exigirlo a las embarcaciones locales y advirtieron que acudirían al arbitraje de instituciones internacionales competentes para dirimir sobre el conflicto.
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