Para la organización Juntos contra la Corrupción (ECC, por sus siglas en francés), los informes revelan que el poder legislativo y el Senado en particular “están plagados de corrupción” al igual que instituciones públicas autónomas como la Oficina de Seguro contra la Vejez y la Autoridad Portuaria Nacional.
Asimismo, la plataforma cuestionó el nombramiento de ordenadores públicos, que a menudo, aseguró, no obedecen las reglas y normas establecidas por la ley.
De acuerdo con ECC, muchos funcionarios son nombrados por sus conexiones y solo obedecen órdenes recibidas por los poderes políticos en detrimento del respeto a las normas administrativas y contables.
También animaron a los ciudadanos y funcionarios a alertar a la opinión pública y a la ULCC sobre posibles actos de corrupción que deban ser investigados.
“Denunciar los actos de corrupción es un deber cívico. Debe extenderse a todo el país, a todas las instituciones públicas autónomas, a todos los ministerios y a todas las entidades locales”, aseveró la instancia.
Los informes de la ULCC revelaron que los actos de corrupción costaron al Estado unos cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) o el dos por ciento del presupuesto nacional para el año fiscal 2022-2023. Los delitos identificados como resultado de las pesquisas son malversación de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, abuso de funciones, apropiación ilegal de tierras, falsa declaración de bienes, falsificación de documentos públicos y conspiración criminal.
Instituciones de la administración pública como la Oficina Nacional del Seguro de Vejez, el Centro Nacional de Equipamiento, la Lotería del Estado, los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, así como el Ayuntamiento de Ouanaminthe y el Senado fueron señaladas por las investigaciones.
lam/ane
