Así comenzará el procedimiento establecido para casos como el de la acusación presentada ayer por la fiscal de la Nación contra la mandataria, en el contexto de un escándalo político protagonizado por Benavides.
La denunciada rechazó la acusación y sostuvo que se trata de “una maniobra política deleznable” que busca distraer a la opinión pública de la grave situación de Benavides, señalada por el equipo de fiscales anticorrupción como jefa de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias.
La acusación incluye al primer ministro, Alberto Otárola, quien anoche sostuvo que la fiscal le abría investigaciones casi por cualquier cosa y le sugirió que “se haga cargo de sus propios actos”.
Al anunciar la denuncia, que incluye a los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, Benavides descartó renunciar como se lo exigió la Junta de Fiscales Supremos, que tiene facultades para suspenderla e investigarla.
De otro lado, la congresista de izquierda Ruth Luque presentó en el Parlamento una acusación contra la fiscal de la Nación por infracción constitucional.
Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió su retiro del cargo y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia invocó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que puede suspender o destituir a Benavides, que tome medidas urgentes que “coadyuven a sacar de la crisis institucional al Ministerio Público”.
La fiscal cuestionada es señalada por liderar presuntamente una organización delictiva que usó el Ministerio Público para conspirar con al menos 45 de los 130 parlamentarios, por la destitución de su antecesora, Zoraida Ávalos.
El equipo anticorrupción sostiene también que conspiró, a través de tres asesores detenidos ayer de madrugada, para la designación parlamentaria del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e impulsar la destitución, en proceso en el Congreso, de los integrantes de la JNJ, que nombra y destituye a jueces y fiscales.
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