La Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República comenzó hoy a estudiar las acusaciones constitucionales, procedimiento reservado a altos funcionarios como Boluarte y Benavides, por tener inmunidad judicial.
El grupo tiene en sus manos tanto la denuncia homicidio agravado contra Boluarte por muertes en protestas sociales, presentada por Benavides, como la planteada por la parlamentaria progresista Ruth Luque contra Benavides, por su pesunto rol de jefa de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias.
Diversos comentaristas de televisión coincidieron en que el Legislativo, de mayoría conservadora, puede llevar adelante sendos procesos parlamentarios que terminen con su entrega a la justicia y hasta con la destitución. Al respecto, el conocido internauta conocido por el seudónimo de “Picante de Kuy” señaló que el Parlamento “Va a tener que decidir a quién sacrificar o ayudar” y pronostica que favorecerá a Patricia Benavides “y le lavará la cara”, pese al escándalo que protagoniza.
El escándalo estalló ayer, cuando el equipo de fiscales anticorrupción y agentes de su unidad policial, detuvo a los tres asesores de Benavides y allanó sus casas y hasta el despacho de esta, y acusó a los primeros de integrar una organización criminal encabezada presuntamente por ella.
Según los fiscales, la red conspiró con legisladores de diversas bancadas para la destitución a la antecesora de Benavides, Zoraida Ávalos; la elección por el Congreso del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y para impulsar la destitución de la Junta Nacional de Justicia, que nombra y cesa a jueces y fiscales.
La reacción de Benavides fue descartar su renuncia, declararse víctima de quienes quieren retirarla del cargo y anunciar una denuncia forzada contra Boluarte, quien a su vez respondió calificando la denuncia como “burda maniobra” distractiva.
La fiscal general continuó hoy recibiendo críticas y demandas de su retiro. La ex primera ministra Mirtha Vásquez le reprochó que se niegue a renunciar y solo por distraer denuncia a Boluarte pese que recién había ampliado por ocho meses las pesquisas del caso.
Saúl Samillán, presidente de la Asociación de Familiares de los asesinados en las protestas, calificó también como “cortina de humo” la acusación presentada por Benavides y señaló que, en los hechos, ella entorpeció las investigacioes de las muertes, cambiando a los fiscales a cargo y centralizando los casos en Lima
“Ahora que se ve acorralada, que le han abierto investgaciones a sus asesores, recién quiere dar muestras de que cumple su trabajo y defiende los derechos humanos, para nostros eso es una cortina de humo”, dijo.
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