En un escueto comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que el juez constitucionl de ejecución “deberá expedir la disposición que corresponda, en el marco de su autonomía jurisdiccional».
Agregó que, de acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo está obligado a cumplir y hacer cumplir “las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.
La posible excarcelación fue motivada por una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que, según el presidente de esta corte, Francisco Morales, determina que un juez o hasta el Instituto Nacional Penitenciario están obligados a liberar al exgobernante, preso por delitos que califican como crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el abogado Carlos Rivera, quien fue defensor de oficio de las familias de las víctimas de dos matanzas por las que fue condenado Fujimori, declaró que el dictamen no dispone explícitamente su libertad y lo calificó como intencionalmente ambiguo para que un juez decida sobre el caso.
El jurista advirtió que si el exgobernante fuera liberado, apelará a la justicia supranacional, que en 2022 dictaminó que el Gobierno se abstenga de acatar la decisión del TC de reactivar el indulto de Fujimori de diciembre de 2017, anulado por ilegal por el Poder Judicial.
Rivera explicó que la resolución del TC solo se abstiene de hacer aclaraciones a la ley del indulto, planteadas por el procurador de Justicia y el abogado de Fujimori.
Fuentes judiciales informaron que el dictamen solo invoca razones formales que no van al fondo del tema, pues rechaza los pedidos, en un caso por carecer de fundamentos y en el otro, por extemporáneo.
Morales alega que, al no cambiar su fallo de 2022, el indulto está vigente y el juez citado debe ordenar la libertad del reo.
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