El ente recordó que el país esperó con paciencia el fallo de la Corte Suprema sobre un contrato minero entre el Estado y una compañía canadiense y, el 28 de noviembre, recibió la grata noticia de su declaración de inconstitucionalidad con el voto unánime de los nueve magistrados.
Esta correcta decisión ha sido el resultado de la activa participación de la ciudadanía, los movimientos sociales, gremios profesionales, grupos originarios y, por supuesto, la juventud, que se destacó en las movilizaciones demostrando que el imaginario de la lucha soberana no ha muerto, añadió.
A juicio de la entidad, junto a esos actores una nueva generación ha recogido la bandera en contra del modelo extractivista.
La etapa que surge necesita que se definan los parámetros en que debe vivir la nación en el futuro, donde los jóvenes ya no quieren ser convidados de piedra y exigen formar parte del modelo de país que deberá construirse a partir de este momento, subrayó.
Si aceptamos que las crisis en 2022 y 2023 son parte de las demandas acumuladas durante varias administraciones, refiere el texto, entonces la nueva agenda nacional debe incluir, además de las soluciones a las mismas, la construcción de una nueva institucionalidad.
El Centro consideró que ello debe realizarse a través de una mayor participación del pueblo en la gestión gubernamental, transparencia y rendición de cuentas de funcionarios de todos los niveles, políticas públicas que brinden verdadera igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad de culturas, razas y etnias.
Asimismo, la justa atención a las olvidadas demandas de los pueblos originarios y sobre todo, de una vez por todas, una educación pública de calidad que garantice el ascenso social de nuestra población, agregó.
La coyuntura nos ofrece pistas claras, nos invita a dar el salto de democracia deliberativa a verdadera democracia participativa, es evidente que el sistema restringe la participación de vastos sectores de la población que no se sienten representados y sin acceso real a instancias de gobernabilidad, apuntó.
El martes pasado, el presidente Laurentino Cortizo dijo que su Gobierno acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia y se comprometió a publicar en la Gaceta Oficial y comenzar el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina, en cuanto recibiera la comunicación formal del alto tribunal.
Cortizo realizó sus declaraciones horas después de que la Corte declarara inconstitucional la Ley 406, que permitía a Minera Panamá operar por 20 años, prorrogables por el mismo tiempo, la mina de cobre más grande de Centroamérica, y que provocó masivas protestas en el país centroamericano.
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