El magistrado de la ciudad sureña de Ica, Vicente Fernández, argumentó en su dictamen que el TC no resolvió sobre el fondo de un habeas corpus que pidió la libertad de Fujimori y que él carece de competencia para pronunciarse sobre el caso.
Además, citó el pronunciamiento de la justicia supranacional que en 2022 ordenó al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden de liberar a Fujimori en tanto este no cumpla los requisitos para merecer el indulto humanitario que recibió en diciembre de 2017 y anuló por ilegal el Poder Judicial.
El magistrado, sometido a fuertes presiones para que libere al preso, se refirió también a la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que bloqueó el fallo de 2022 y señaló que el TC debe resolver la contradicción de su fallo y el de la CIDH.
Dispone por tanto devolver al Tribunal el expediente del caso, pese a las presiones del presidente del TC, Francisco Morales, quien ha declarado que su sentencia significa que Fujimori debe ser liberado de inmediato y quien no cumple con hacerla efectiva podrá ser acusado penalmente.
Sin embargo, esa es una interpretación, pues el fallo solo descartó hacer aclaraciones a la sentencia de 2022 y, por tanto, ratifica el fallo que valida el indulto de 2017 pese que fue declarado ilegal en 2018.
El exabogado de Fujimori César Nakazaki, dijo que ahora el TC debe pronunciarse claramente y disponer que se libere al exgobernante de 85 años, despejando ambigüedades y alegó que, revalidado el indulto la prisión de Fujimori es ilegal.
Sin embargo, el abogado de las familias de las víctimas de las dos matanzas por las que Fujimori fue condenado como autor mediato a 25 años de prisión, Carlos Rivera, dijo que la inhibición del juez Fernández cierra el caso y descarta el indulto, porque el TC ya dio por terminada su actuación y no hay nada más que hacer.
La decisión del juez Fernández desafió presiones del titular del TC y de la bancada parlamentaria del partido fujimorista Fuerza Popular, que afirmó que el magistrado podría aber incurrido en un delito por no liberar al preso.
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