El exmandatario fundamentó mediante una teleconferencia su pedido, que incluye su libertad y teóricamente hasta su reposición como jefe de Estado, solicitud que fue rechazada en todas las instancias del Poder Judicial.
Según fuentes del TC, la petición tiene pocas posibilidades de ser aceptada por la corte constitucional.
Castillo sostuvo que es afectado y violentado en sus derechos constitucionales, como los de la libertad y el debido proceso, por una causa promovida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, dijo, hoy es señalada como líder de una organización criminal. Se refirió así a las gestiones de asesores cercanos a Benavides que intercambiaban trato indulgente a parlamentarios para que voten por decisiones del Congreso convenientes para la continuidad de la fiscal en el cargo.
Aseveró que la magistrada planeó con mandos policiales y bancadas del Congreso acabar con su gobierno iniciado en julio de 2021 “porque no pertenezco a la élite o no están de acuerdo con mi origen o mi procedencia”, dijo.
Castillo alegó también que él y su familia han sufrido en carne propia el odio y recordó que la Policía al servicio de la fiscal allanó por primera vez en la historia el Palacio de Gobierno y la residencia presidencial.
Negó que intentara asilarse en la embajada de México para poner a buen recaudo a su familia, cuando fue detenido por la Policía poco después de anunciar la disolución del Parlamento, lo que argumenta para negar que intentara el refugio en la sede diplomática. “Se han ensañado conmigo y mi familia”, agregó y pidió al TC que declare nulo el procedimiento en su contra y sus consecuencias . “Dignifiquen a la máxima institución de la justicia peruana (el TC)”, invocó.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, alegó, a su vez, que la acusación al exgobernante (quien lleva un año sin juicio), de rebelión o conspiración, carece de sustento porque el primer cargo, según el Código Penal, se aplica por alzamiento armado, y en su caso, no pasó de un anuncio, sin materializarse, aseguró.
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