Luego de continuos señalamientos de que la participación del presidente Nayib Bukele como candidato a otro periodo de gobierno continuo es ilegal e inconstitucional, algo que avaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al aceptar su apuesta, la atención se centra en otros puestos electivos y en los procedimientos que se usan en la campaña.
Por ejemplo, el domingo 3 de diciembre, el partido Nuevas Ideas (NI) inició su campaña electoral para diputaciones de la Asamblea Legislativa en la exCasa Presidencial, ubicada en San Jacinto, San Salvador, una institución del Estado que por ley no puede ser ocupada para efectuar proselitismo político. Así lo prescribe el Código Electoral.
El artículo 179 del Código estipula que “no se podrá colocar ni pintar propaganda política en los edificios ni en los monumentos públicos, árboles, obras de arte o señales de tránsito de las calles o carreteras, ni en las paredes de las casas particulares sin la autorización del propietario o propietaria”.
Los del partido cian, color que los identifica, hicieron caso omiso a esa ley y colocaron banners y banderas con su logo en la fachada de la mansión de San Jacinto, así como pantallas gigantes y también hubo fuegos artificiales, algo que según la legislación debería sancionar el TSE.
Algunos críticos interpretan que esto es el avance de lo que está por venir, más si se tienen en cuenta que el jefe de bancada cian en el Parlamento, Christian Guevara, llamó a sus simpatizantes a barrer con los opositores con el fin de obtener un órgano unipartidista, algo que viola los preceptos constitucionales de representatividad.
En una reseña de este acontecimiento, el Diario El Mundo advirtió que no existió obstáculo a esta actividad, lo que, señaló, “solo puede ser un indicio de lo que podría significar esta campaña electoral que inició el 4 de octubre para presidente y el 3 de diciembre para las diputaciones de la Asamblea Legislativa”.
A estas “refriegas” entre los partidos y las leyes, se suman otros factores que tensionan el proceso.
A poco más de mes de que se inicien las votaciones electrónica, el 6 de enero de 2024, para elegir presidente, vicepresidente y diputados, aun se desconoce el registro electoral, algo que incrementa la incertidumbre y que, según los opositores, es un camino hacia el fraude.
Hasta ahora el TSE no brindó una cifra oficial de cuántos salvadoreños están en el registro electoral como personas aptas para ejercer el sufragio, en un voto que en el exterior puede superar el millón de boletas.
En opinión de opositores como César Reyes de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), “el voto en el exterior es un proceso vulnerable y, si el TSE quisiera resolverlo, “tendría que realizar milagros”, ya que “no hay un padrón, no hay certeza jurídica de lo que se vaya a realizar en el exterior, que sea un proceso transparente, que no esté viciado”.
En términos parecidos se pronunció el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, para quien esto es un asunto sumamente preocupante a pocas semanas de iniciar el período del voto electrónico y que no se conozca tan poco y sobre todo no tener la garantía, ni la certeza de un padrón electoral, lo que dijo, genera incertidumbre.
En El Salvador, en criterio de sectores opositores e incluso aliados de NI, hay demasiadas incógnitas y dudas que el TSE no termina de dilucidar, lo que aumenta las tensiones y la desconfianza de los futuros electores.
La responsabilidad de esta situación no tiene dueño pero, la mayoría de las miradas se dirigen hacia el TSE y su presunta subordinación al actual gobierno.
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