Este proceso investiga el complot que desembocó en 2019 en la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del régimen de Jeanine Áñez.
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
“El Juez Primero de Instrucción Anticorrupción (…) dispone el día de hoy aprobar salida alternativa consistente en el procedimiento abreviado en favor de Álvaro Eduardo Coímbra y Rodrigo Guzmán”, establece la sentencia dictada en una audiencia de juicio oral.
Añade el veredicto que se dispone “a nombre del Estado Plurinacional e imponiendo una pena privativa de libertad de dos años”.
Los dos cercanos colaboradores de la exgobernante de facto, encarcelados preventivamente en la prisión de San Pedro, en La Paz, reconocieron su culpabilidad por la comisión de los delitos de asociación delictuosa y encubrimiento en el expediente activado por una denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Ambos allegados a la expresidenta de facto, se declararon culpables por la comisión de los delitos de asociación delictuosa.
En la audiencia virtual, desde el reclusorio de San Pedro, los procesados admitieron la comisión de las ilícitas por las cuales fueron condenados.
Coímbra y Guzmán, extitulares de Justicia y Energías, respectivamente, fueron aprehendidos en marzo de 2021, investigados por terrorismo y otros delitos.
“Admitimos la comisión del delito de encubrimiento (art. 171) en relación al delito de asociación delictuosa (art. 132), tipificado en el Código Penal, renunciando al juicio oral público y contradictorio”, expresa la parte sustancial del memorial presentado por ambos al Ministerio Público.
Al mismo tiempo, solicitaron “la pena mínima” como sanción, según el texto dirigido al fiscal Omar Mejillones.
Imputada también en este caso, la exgobernante de facto ya purga en la prisión paceña de Miraflores una pena de 10 años, tras ser condenada en el expediente Golpe de Estado II, referido a la forma ilegal de la que se valió para ocupar la presidencia del Senado y posteriormente la del Estado.
Otros encarcelados, preventivamente imputados en Golpe de Estado I, son el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el extitular del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari.
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