La CNDH, que agrupa a más de 60 organizaciones humanitarias, calificó que la orden del Tribunal Constitucional dictada en la presente jornada desacata las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
“Seguiremos actuando y solicitando justicia tanto en el Perú como en las instancias internacionales, único camino para devolver la democracia, la paz que tanto necesitamos los peruanos”, advirtió la CNDH en un comunicado público.
Agrega que, al disponer la libertad de Fujimori, el Tribunal Constitucional ha incurrido en desacato de la legalidad, lo que enmarca en una situación de copamiento conservador de importantes instituciones del Estado”.
Plantea en tal sentido que no puede ser democrático un país que, como Perú, “tiene instituciones seriamente cuestionadas, como la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Ejecutivo y ahora el Tribunal Constitucional que actúan con el lema ‘porque quiero y porque puedo’”.
La abogada de la Asociación de Derechos Humanos, (Aprodeh), Gloria Cano, manifestó indignación y rechazo a la resolución del TC.
Señaló que el tribunal ignora los procedimientos de la justicia supranacional que rechazó un indulto a Fujimori anulado por ilegal, revalidado por el TC y bloqueado por un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado de la parte civil en el juicio a Fujimori, Ronald Gamarra, afirmó que ninguna persona debería morir en la cárcel y para evitarlo se debe seguir los procedimientos establecidos para la liberación cuando corresponda, respetando el derecho del condenado y de las víctimas.
Explicó que, para ello, se deben cumplir tratados internacionales, no burlarlos, y en este caso el TC está exponiendo a Perú a una nueva condena jurídica internacional.
Por ello, añadió, la CIDH, a la que está adscrita el Estado peruano, tomará una decisión absolutamente desfavorable al Gobierno y Alberto Fujimori va a tener que regresar nuevamente a prisión.
Carlos Rivera, también defensor de las víctimas, dijo que el TC ha restituido un indulto ilegal, colocando al Estado en desacato grave de las decisiones de un tribunal internacional, lo cual coloca al país en una situación de degradación en materia de derechos humanos.
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