El mandatario salió libre tras más de 24 horas de trámites y en medio de sendas consultas del ministro de Justicia, Eduardo Arana, con el primer ministro, Alberto Otárola, y el canciller, Javier González-Olaechea.
Según trascendió, las conversaciones giraron en torno a la respuesta que dará el Gobierno al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado peruano, de un informe sobre el caso, en el que esa corte había pedido detener la excarcelación.
Un grupo de relatores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos calificó la orden de liberar a Fujimori como “un retroceso inaceptable” en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su Gobierno.
El exgobernante abandonó el presidio, tras la larga espera de cientos de seguidores, matizada con gritos de celebración y proclamas anticomunistas que contradicen los pedidos de dirigentes fujimoristas de paz y reconciliación.
El automóvil en el que salió junto a sus hijos Keiko y Kenji, avanzó lentamente, con policías delante que le abrían paso entre el gentío y los fotoperiodistas que rodeaban el vehículo.
Fujimori gobernó entre 1990 y 2000, cuando, ante un escándalo de corrupción política protagonizado por su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, se fugó del país aprovechando un viaje oficial y renunció, pero el Congreso lo destituyó por incapacidad moral.
En 2005, abandonó Japón y viajó a Chile, donde fue detenido a pedido del gobierno peruano, presidido por el neoliberal Alejandro Toledo, quien paradójicamente comparte con Fujimori desde febrero de 2023, cuando fue extraditado desde Estados Unidos, la prisión limeña exclusiva para ex altos funcionarios.
En 2009 fue condenado a 25 años por dos matanzas y otros delitos contra los derechos humanos, contando el tiempo que cumplió en prisión domiciliaria en Chile desde su llegada a ese país. En diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, recibió el indulto otorgado por el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski, lo que desató protestas en Lima y el interior del país.
La gracia fue cuestionada porque fue concertada con una facción del partido y de la familia del reo y declarada ilegal por el Poder Judicial diez meses después, por lo que Fujimori volvió a la prisión en febrero de 2019.
El 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional aprobó un habeas corpus a favor de Fujimori y dispuso su libertad, pero la justicia supranacional dispuso que el Estado peruano se abstenga de liberarlo mientras no pida perdón a las familiares de las víctimas de sus delitos y cumpla con otros requisitos.
Una ambigua resolución del TC, aprobada por tres de sus seis magistrados -que dirimió su presidente, Francisco Morales, al hacer valer su doble voto- abrió la posibilidad de que el exgobernante sea excarcelado, pero el juez encargado devolvió el caso al tribunal.
El TC emitió ayer una orden de libertad inmediata al preso, ante la cual uno de los jueces restantes se abstuvo y que no fue informada a los dos jueces que que votaron en contra de la resolución inicial y Morales negó que haya irregularidad en ello.
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