El juez del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Monteagudo reveló que tres de los seis jueces de la corte que firmaron la orden no fueron informados de la misma, por lo cual solo la suscriben el presidente del TC, Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse.
Solo los suscribientes votaron a favor de la resolución (bloqueada por la justicia supranacional) que revalidó en 2022 el indulto a Fujimori de diciembre de 2017, declarado ilegal por el Poder Judicial un año después, por lo que el preso volvió a la cárcel.
“No hemos tenido conocimiento el resto de los magistrados, es decir, los que votamos en contra”, dijo y consideró preocupante que los firmantes hayan asumido que la decisión que se ha entendido que la decisión correspondía exclusivamente a quienes votaron a favor.
Para el magistrado, se debió tratar el caso considerando la importancia de respetar el sistema jurídico internacional y las instancias judiciales peruanas.
La decisión del TC, expresó, ha puesto a Perú “en una situación innecesaria porque la problemática de las víctimas, la problemática del señor Fujimori merecían un desenlace diferente”, es decir cumpliendo al requisito de que el exgobernante asuma sus culpas y pida perdón a los familiares de los asesinados en dos matanzas por las que fue condenado el preso.
Según el conocido jurista César Azabache, a esa irregularidad se agrega el hecho de que para el trámite ante las autoridades penitenciarias de la excarcelación de Fujimori se requiere las firmas de todos los jueces del TC.
De otro lado, la parlamentaria progresista Ruth Luque calificó como ilegal la orden de libertad inmediata de Fujimori y anunció que denunciará judicialmente a los tres magistrados firmantes, por los delitos de prevaricato y por infracciones a la Constitución.
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