Al mismo tiempo, persisten las dudas sobre la consistencia de la medida respaldada por el Gobierno, a cambio de su supervivencia, que depende del Parlamento, de mayoría conforme con la excarcelación y que tiene poder para vacar (destituir) a la presidenta Dina Boluarte.
Los ministros de Justicia Eduardo Arana y de Relaciones Exteriores Javier González Olaechea expresaron anoche su acatamiento al dictamen del Tribunal Constitucional, que ordenó la libertad del gobernante en ejecución de un indulto declarado ilegal por el Poder Judicial y bloqueado por la justicia supranacional.
Sin embargo, al mismo tiempo el Canciller dijo que la decisión no altera el compromiso gubernamental de acatar las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, que antes de la excarcelación pidió suspenderla y posiblemente disponga revertirla.
El exgobernante cumplió técnicamente 18 de los 25 años de su condena, 16 en un presidio para exaltos funcionarios y con cuidados constantes, y dos en detención domiciliaria en Chile, antes de su extradición.
La libertad de Fujimori quebranta la justicia internacional y “es una cachetada (bofetada) al país que nos duele en el alma”, expresó el cardenal católico Pedro Barreto, quien llamó a manifestar en calma la indignación por la medida.
La exministra de Cultura Gisela Ortiz, cuyo hermano Luis Enrique fue asesinado en la matanza de La Cantuta en julio de 1992, una de las dos por las que fue condenado Fujimori, evocó los 31 años de lucha por la justicia en la que ha participado.
“Logramos condenas, extradiciones y romper el silencio movilizándonos, pero no acabamos con la impunidad. Perdón, hermano. Seguimos firmes, exigiendo justicia”, comentó.
Familiares y seguidores de Fujimori acusan de actuar por odio a quienes impugnan su salida de prisión, a lo que Carmen Amaro, cuyo hermano Armando, también estudiante ultimado en la masacre de La Cantuta, respondió que “exigir justicia no es odio ni venganza, es un derecho”.
“Las y los familiares de los casos de la dictadura fujimorista seguimos en la lucha por amor, dignidad y por la memoria de todas nuestras víctimas, con la firmeza de siempre y de pie, como hace 31 años”, escribió la también activista de derechos humanos.
La excandidata presidencial progresista Verónica Mendoza calificó como ilegal e inmoral el indulto que, como ocurrió tras decretarse en 2017, terminará anulado y “tarde o temprano se encontrarán en prisión Fujimori y Dina Boluarte”, apuntó.
Entretanto, está pendiente el pedido de un fiscal de detención domiciliaria al exgobernante de 85 años, para que sea procesado por otra matanza con seis víctimas, también en 1992, aunque la ley de indulto indica que se extinguen todos los procesos en su contra.
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