Según precisó en un comunicado, el Ministerio de Comercio e Industrias le comunicó formalmente el cese de las labores y, además, solicitó tomar “las medidas necesarias y razonables para mantener la seguridad de las instalaciones y evitar daños ambientales”.
La empresa aseguró que siempre respetó las leyes nacionales y le pidió al Ministerio de Trabajo la autorización para terminar los contratos de más de cuatro mil trabajadores por «causa justificada de carácter económica».
Sus planes son mantener cubiertas las plazas necesarias a fin de garantizar la vigilancia de las instalaciones.
La orden de cierre sigue al fallo del pasado 28 de noviembre de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406, la cual respaldaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
El presidente del país, Laurentino Cortizo, prometió acatar ese dictamen, publicar en la Gaceta Oficial y comenzar el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina, en cuanto recibiera la comunicación formal del laudo del alto tribunal.
En ese contexto, el exministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro renunció a su cargo y en su lugar asumió Jorge Rivera Staff.
Desde hace más de un mes ocurrieron en el país manifestaciones de rechazo a la Ley 406, que permitía a Minera Panamá operar por 20 años, prorrogables por el mismo tiempo, la mina de cobre más grande de Centroamérica.
En tanto, la empresa First Quantum informó que la notificación de la intención de presentar demandas arbitrales es parte de las formalidades legales con el propósito de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días.
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