Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
Hasta la fecha, los grupos políticos Cambio Democrático (CD) y Panameñista unirán fuerzas para respaldar la dupla de Rómulo Roux y José Isabel Blandón.
El gobernante Partido Revolucionario Democrático tendrá en el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista a su tradicional aliado en apoyo a José Gabriel Carrizo y Camilo Alleyne.
En el caso de Realizando Metas anunció su coalición con Alianza para defender la candidatura del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), favorito en las primeras encuestas pero acusado en varios procesos judiciales.
Inicialmente RM y Alianza presentaron a Marta Linares, esposa de Martinelli, como candidata a la vicepresidencia de la República, pero esta declinó días después y eligieron al ex ministro de Seguridad, José Mulino (2010) también ex titular de Gobierno (2009-2010) y canciller (1993-1994).
De acuerdo con la norma vigente, las alianzas se dan entre partidos, mientras que los acuerdos se pueden llevar a cabo con coaliciones y candidatos de libre postulación, pero todos deben registrarse ante la Secretaría General del TE.
En ese sentido, trascendió que el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), de José Álvarez, decidió apoyar al panameñista y candidato presidencial por libre postulación, el abogado Melitón Arrocha.
También el Movimiento otro Camino, cuyo candidato presidencial es Ricardo Lombana, comunicó que apoyará a independientes de la coalición Vamos que aspiran a otros cargos de elección popular.
Más reciente el movimiento independiente Panamá Posible dio su espaldarazo al proyecto del expresidente panameño Martin Torrijos (2004-2009), quien es candidato del Partido Popular al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo).
De manera temprana, los candidatos a la Presidencia por libre postulación – una figura que sobresale en estos sondeos desde 2014- presentaron sus compañeros de fórmula.
La diputada Zulay Rodríguez, la que más firmas de respaldo acaparó, confirmó a la exdiputada Athenas Athanasiadis, miembro del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En el caso de la economista Maribel Gordón, a nombre de los movimientos sociales, la acompañará el también economista y politólogo Richard Morales, en tanto su proyecto de Vida Digna cada día adquiere mayor respaldo popular.
En declaraciones a la prensa, Morales describió a Gordón como una persona de integridad y convicciones firmes que, en conjunto con los movimientos sociales, ha llevado adelante una epopeya, al superar a la partidocracia y diversos obstáculos electorales y del poder económico.
El abogado Melitón Arrocha, por su parte, anunció a Aida Michelle de Maduro −expresidenta de la junta directiva de la Caja de Seguro Social− como su segunda en la carrera hacia la silla presidencial.
Para una buena parte de la sociedad, las esperanzas están puestas en que la nueva administración que se instale en julio de 2024 enfrente con resultados concretos problemas acumulados como el desempleo, mala calidad de la educación y la salud, altos precios de la canasta básica familiar, la inseguridad y el acceso equitativo a servicios como la electricidad y el agua potable, entre otros.
El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas sobre los próximos presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional.
También elegirán 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
OLA DE PROTESTAS
Todo el proceso electoral estuvo marcado por protestas populares, luego de que la actual administración suscribió un contrato con la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum para la explotación de cobre en Donoso (Colón), calificado en 2017 como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La situación azuzó una ola de revueltas populares en todo el país y en diversos sectores, similar a la de 2022 contra el alto costo de la vida.
Los colectivos sociales y gremios de ambientalistas exigieron hasta lograr sus objetivos: el Tribunal dictó un otro fallo de inconstitucionalidad del pacto minero de octubre de 2023 y el Gobierno de Laurentino Cortizo se vio obligado a ordenar un plan de cierre de la mayor mina de cobre de Centroamérica, mientras la compañía extranjera anunció que presentará demandas en organismos internacionales de arbitraje.
En manifestaciones callejeras los colectivos denunciaron desde el inicio de este proceso de contratación las maniobras del Legislativo que, al devolver el documento al Ejecutivo solo pretendía leves modificaciones a ciertos puntos, pero sin entrar en las esencias de un convenio que estimaron y demostraron era lesivo a la soberanía nacional.
Entre las acciones sobresalió la presentación de una querella penal contra el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, por omisión de sus deberes como funcionario público, al resistirse a investigar delitos ambientales y constitucionales de la compañía.
Similar recurso se interpuso además a los dueños de la trasnacional extranjera y de la compañía minera que continuaban robándole al pueblo panameño, señalaron, con la anuencia de las autoridades, según voceros del grupo como el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, de los líderes más visibles.
ECONOMÍA Y JUSTICIA ACORRALADAS En un año preelectoral, la promovida tranquilidad de la sociedad panameña y su bienestar económico se han visto empañadas en 2023 por los anuncios de un Gobierno en retirada y la poca credibilidad en la justicia local antes escándalos de corrupción.
Justo cuando termina su mandato, la administración de Cortizo ha hecho un presupuesto general del Estado que implica una maniobra financiera de cuatro mil 92 millones de dólares.
El enorme monto es la cantidad de dinero que no se ejecutará al finalizar el año 2024, según los entendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), porque en un año electoral se ralentizará todo el aparato estatal y, por ende, no hay forma de que se ejecuten todos los planos trazados.
Para no pocos analistas la realidad es que en el documento enviado a la Asamblea Nacional esa subejecución se dará porque los ingresos proyectados no pueden cubrir todos los gastos estimados-
Los ingresos totales del sector público no financiero se calculan en 17 mil 750 millones para 2024 ( un alza de mil 113 millones con respecto al presupuesto de 2023).
Pero los gastos calculados llegan a 23 mil 602 millones de dólares, lo que representa tres mil 791 millones (19.1por ciento ) más que en 2023.
Es decir, que el próximo año el Estado se enfrentaría a un saldo negativo de cinco mil 851 millones de dólares, por lo que se ha incluido en el renglón de “ajustes” la mencionada subejecución como legado a la nueva administración.
En presupuestos anteriores, según estadísticas oficiales, esa falta de ejecución siempre ha existido, pero nunca con cifras tan altas.
De otro lado, la imagen de país se ha deteriorado a partir de los juicios por blanqueo de capitales como los relacionados con el uso de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el caso New Business que implicó el gasto de importantes fondos públicos para la adquisición de un emporio de medios de comunicación.
En ambos procesos está implicado el exmandatario de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014), ahora también candidato presidencial por el partido Realizando Metas; y en el primero el otro exjefe de Estado Juan Carlos Varela ( 2014-2019)-, aspirante a un curul en cuestionado aquí Parlamento Centroamericano, lo cual le posibilitaría evadir la justicia ordinaria.
arc/ga
